Antes de cada guerra de la OTAN, la audiencia mundial fue intoxicada con relatos exagerados de migraciones forzadas

Migración forzada, combustible para la intervención

Continuamos con nuestra cobertura sobre el fenómeno migratorio venezolano, tema principal en la cartelera mediática y nuevo empuje de las agresiones internacionales contra Venezuela. En esta oportunidad, compartimos con ustedes un estudio de cuatro casos donde la migración forzada, y su manipulación, formaron parte de expedientes para oxigenar intervenciones militares bajo el paradigma de la “ayuda humanitaria”.

Luego de las medidas de reconversión económica anunciadas por el presidente Nicolás Maduro, medios de comunicación (nacionales e internacionales) de tendencia opositora, vocerías de gobiernos foráneos y el tradicional segmento de políticos antichavistas en suelo local, se han cartelizado con el objetivo de utilizar la migración venezolana como un mecanismo para hacer control de daños y, al mismo tiempo, oxigenar la agenda de presión internacional contra el país.

El tema ha estado en lo más alto de la cartelera durante los últimos días, posicionándose de manera inédita como el eje central de la situación venezolana puertas afuera.

Este cambio de comportamiento y actuación cartelizada entre las vocerías políticas antivenezolanas y los medios, dan pistas suficientes para afirmar que se trata de una operación de propaganda que busca disminuir la importancia de los anuncios económicos lanzados por el Gobierno venezolano y sus signos de recuperación.

Si bien la migración venezolana se ha venido transformando en un espacio para la capitalización política de liderazgos políticos de oposición, el empuje del tema en las últimas horas, más que representar una preocupación genuina, expresa el interés de darle un uso político para revitalizar la agenda de hostilidades.

También es cierto que la migración venezolana ha crecido en los últimos años a raíz de las múltiples agresiones económicas y financieras dirigidas por Estados Unidos y sus gobiernos aliados, situación que no implica automáticamente que los venezolanos en el exterior se encuentren bajo la condición de “refugiados” o que el país esté viviendo, como afirma la BBC, “el éxodo más grande la historia latinoamericana”.

Es en el uso interesado de estos términos donde se intenta cambiar, mediante propaganda y psicología de masas, la sustancia de una migración económica como la venezolana a una que está, supuestamente, “perseguida” por razones políticas o que está escapando de un “Estado fallido”.

Bajo esta configuración narrativa, “la comunidad internacional” (eufemismo para nombrar a las potencias occidentales) estaría obligada a actuar para eliminar la supuesta causa del problema -la mala gestión económica y la corrupción del Gobierno venezolano-, toda vez que omite sus orígenes reales: el bloqueo financiero y el acoso económico que ha sufrido Venezuela desde 2013.

La investigadora Ana Cristina Bracho, que colabora permanentemente con esta tribuna, ha demostrado con la rigurosidad que encarna el dato estadístico (par de trabajos especiales, aquí y aquí) la condición actual del fenómeno migratorio venezolano y cómo ha tenido un tratamiento exagerado que desfigura sus verdaderas causas e impactos en la región, persiguiendo objetivos concretos contra la soberanía nacional.

Detrás de la desinformación y propagandización acelerada de este tema, no sólo está el intento de recomposición de los factores políticos más hostiles y más cercanos a las estructuras de poder pesado en Estados Unidos (donde sale a relucir Marco Rubio), sino la aplicación de la migración forzada como instrumento político para ablandar el terreno y precipitar las condiciones de una “intervención humanitaria”.

Este instrumento ha sido utilizado con anterioridad en diversas regiones del mundo, siguiendo las mismas coordenadas de manipulación, exageración y guerra que hoy se desarrollan contra la nación venezolana.

La migración como fenómeno es, a su vez, un elemento constitucional del intervencionismo liberal que ha dominado la política exterior estadounidense durante décadas y cristalizada institucionalmente, hace una década, con la denominada “Responsabilidad Para Proteger” (R2P), experimentada por primera vez sobre la balcanizada Yugoslavia.

La exaltación de migrantes desplazados y refugiados, en cualquier sitio de la geografía mundial, constituye a Estados Unidos, y a Occidente en general, como salvadores globales, obligados moralmente a utilizar la fuerza militar para “rescatar” a comunidades, vistas como débiles, inferiores e incapacitadas que requieren “protección”.

Según este enfoque, inserto a profundidad en la estructura mental de la élite estadounidense, son los refugiados y desplazados los que confirman su papel indispensable como policía mundial, pero también su narrativa como la única entidad capaz de resolver conflictos complejos en el “Tercer Mundo” y su tesis política de que los “derechos humanos”, siempre manipulados a conveniencia, están por encima de los Estados soberanos y la ley internacional.

Para el intervencionismo liberal, los “países débiles”, que atraviesan problemas migratorios, deben ser “ayudados” para engranarse a la economía de mercado y al “mundo libre” que espiritualmente dirige Occidente. Es por eso que en la mayoría de los países a los que se ha aplicado este modelo pertenece a las periferias del sistema capitalista; es ahí donde Estados Unidos y las potencias europeas confirman que todas las poblaciones están dentro del Imperio, lo cual les exige intervenir por encima de la base geográfica, política y gubernamental donde se desarrolla.

Bajo este paradigma, la migración forzada constituye una de las peores “violaciones a los derechos humanos”. La ocurrencia de este fenómeno por sí solo, sin meditar sus causas y orígenes, habilita (desde su lugar de enunciación excepcional) a Estados Unidos y a las potencias occidentales, moral e institucionalmente, a traspasar los parámetros de la legislación internacional para ir “al rescate” por las vías que sean necesarias, incluyendo aquellas que implican automáticamente una violación de los derechos humanos, como derrocar un gobierno legítimo por la vía armada o bombardear poblaciones sin capacidad de defensa.

Si la migración forzada tiene como origen países adversos a su control geopolítico, este enfoque no sólo adquiere “mayor urgencia”, sino que pasa a tener características de empresa anticomunista o contra cualquier otro principio ideológico que se oponga al liberalismo como sistema.

Varios han sido los casos en que la migración forzada ha sido utilizada como un artefacto político para cristalizar la “intervención humanitaria”. El primer caso fue Irak, en 1991.

Antes de iniciar la Guerra del Golfo, Irak había sido sancionado económicamente por la ONU, en el marco de un paquete de distintos embargos para debilitar las capacidades financieras y militares del gobierno de Saddam Hussein.

Las razones por las que comenzó este conflicto armado y la participación estadounidense son harto conocidas. La anexión de Kuwait por parte de Hussein fue tomado como un casus bellis por parte de las potencias occidentales, las cuales presionaron al Consejo de Seguridad de la ONU para sancionar económicamente a Irak y construir una coalición multilateral, liderada por Estados Unidos (con el nombre Operación Tormenta del Desierto), para evitar la anexión.

Durante casi dos años, Irak fue devastado por intensos bombardeos y operaciones terrestres de la coalición, que dejaron un saldo de 200 mil muertos, cientos de miles de heridos y pérdidas económicas y en infraestructura por varias decenas de millones de dólares. Esta campaña bélica se unió a los severos embargos decretados por la ONU, lo que implicó distintos trastornos económicos y sociales para la sociedad iraquí, la cual pasó de ser una comunidad próspera a una con graves problemas de precariedad, hambre y migración.

Todos conocemos el desenlace: Hussein, antiguo aliado de Estados Unidos durante la guerra con Irán en años anteriores, se rinde, pero la ONU mantiene el agresivo embargo por exigencia de las potencias occidentales que lo deseaban ver derrocado.

La desestabilización económica generada por la guerra azuzó de forma exponencial la migración forzada en el norte de Irak, región donde han habitado históricamente los kurdos. Segmentos importantes de este grupo comenzó a desplazarse hacia Irán y Turquía -la cifra rondó el millón en su momento-, siendo este último país el que pidió rápidamente ayuda a la OTAN y Estados Unidos para frenar el flujo migratorio.

Si bien la migración fue alta en comparación con la población kurda, lo fue también el uso propagandístico de esta situación por Estados Unidos para precipitar una “intervención humanitaria” que “protegiera a los kurdos”, los mismos que años antes habían empleado como ejército privado.

En 1991, bajo el nombre de la “Operación Proporcionar Confort”, Estados Unidos lideró una coalición internacional aprobada por la ONU para proveer de “ayuda humanitaria” a los migrantes kurdos que, en años anteriores, habían entrado en conflicto armado con Hussein.

Utilizando el ejército, diversas ONG y el conjunto de organizaciones amparadas por el derecho internacional humanitario, Estados Unidos intervino militarmente en el norte de Irak para instalar campamentos, repartir alimentos y brindar atención médica.

Justificando esta acción bajo la premisa de proteger a los kurdos migrantes, Estados Unidos consiguió mantener al resto de la sociedad iraquí sufriendo los terribles efectos del embargo por varios años más. Ayudar a los kurdos estaba en segundo plano.

La proyección de que los únicos que habían sufrido los desmanes de la guerra pertenecían a este grupo étnico, creó una línea divisoria no sólo para justificar que el resto de Irak debía sufrir las condiciones del bloqueo económico, sino que su supuesta liberación estaba en emigrar o en rebelarse contra Hussein, única manera de restituir, según Estados Unidos, la tranquilidad económica que le habían quitado su campaña de bombardeos y embargos.

Esta “intervención humanitaria” en Irak, la primera en ejecutarse en la historia contemporánea, expuso su carácter de modelo doctrinario: estimular la migración, mediante guerra económica, para fabricar fracturas sociales y culturales a lo interno de la nación, toda vez que se mantiene al conjunto de la sociedad que se queda en el país en un estado de sitio económico que sólo encuentra alternativa en las migajas de la “ayuda humanitaria”.

La aplicación ortodoxa del recetario neoliberal del FMI y el Banco Mundial, sumado a una guerra civil brutal, la inestabilidad política luego de la caída de Mohamed Siad Barre y a la hambruna, en 1992, el Consejo de Seguridad de la ONU apruebó el envío de una fuerza militar multinacional (ONUSOM I) para entregar “ayuda humanitaria” a los somalíes.

Tras varios fracasos, el gobierno de George Bush padre propone primero y comanda después, a finales de 1992, una “intervención humanitaria” denominada “Operación Devolver la Esperanza”, previamente respaldada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Con el pretexto de proveer “ayuda humanitaria” a los somalíes atrapados por la guerra, la intervención fue intensificando progresivamente la inestabilidad interna en la búsqueda por derrocar al dictador, Mohamed Farrah Aidid, y capturar los recursos naturales del país por la vía de la militarización.

Informes indican que, durante el tiempo de esta expedición, el hambre se multiplicó por 10, agravando la crisis sanitaria que germinó durante la guerra civil y las recetas del FMI. La migración forzada aumentó a 800 mil personas, mientras que el desplazamiento interno ascendió a 2 millones.

Estados Unidos desplegó 28 mil militares y se mantuvo al frente de la operación en todo momento. La humillación por no poder derrocar a Aidid en la famosa “Batalla de Mogadiscio”, capital de Somalia, reforzó las presiones económicas sobre la población e hizo inviable que cualquier tipo de “ayuda humanitaria” llegara al país.

Hasta 1995 se desarrollaron varios ciclos de este tipo de intervenciones, una tras otra agravando la miseria de la población somalí, que ya sufría una hambruna que casi mató a 1 millón de habitantes y una inestabilidad política irresoluble.

En el caso de Somalia, muy similar al de Irak aunque no parten de contextos iguales, la “intervención humanitaria” precipitó la disolución del Estado, balcanizó el territorio y atizó las divisiones internas con el objetivo de condenar al país a la inestabilidad y la lucha fratricida por el poder.

Aun cuando la situación interna fue agravada interesadamente para extender la “intervención humanitaria”, fue el uso de los migrantes somalíes la justificación que permitió activar estos mecanismos. La ONU, en una primera etapa, categorizó la emigración somalí como un riesgo para la “estabilidad de la región y la seguridad internacional”, no sólo por expandir redes de contrabando de armas y grupos irregulares, sino porque las diversas enfermedades agudizadas por la primera fase de la intervención implicaban la expansión de su crisis sanitaria al resto de África y al mundo entero.

Fue este el argumento que tuvo mayor peso a la hora de decidir la invasión con fines “humanitarios”. Se apoyó en países fronterizos (piense en Colombia, en nuestro caso) que también buscaban la balcanización de Somalia y, por supuesto, en la metafísica liberal de Estados Unidos.

En el marco de las guerras contra Yugoslavia, que apuntaban hacia su balcanización total aprovechando la caída de la Unión Soviética y la muerte del Mariscal Tito, en la región de Kosovo se dieron enfrentamientos armados continuos entre las guerrillas del “Ejército de Liberación” y el Ejército Yugoslavo desde 1991, año en que Kosovo declaró su independencia.

Pero no es hasta 1999 que la OTAN buscaría involucrarse directamente en este conflicto. Para ello, desarrolló una inmensa campaña de propaganda para acusar a los serbios de ejecutar una “limpieza étnica” contra la población albanesa, mientras exaltaban a los emigrantes que buscaban escapar de los combates. La idea era escenificar un genocidio, narrado también desde el ángulo de una población “refugiada” y “desplazada”.

Un excelente trabajo de Alejandro Pizarroso Quintero, de la Universidad Complutense de Madrid, describe cómo las cifras sobre la supuesta “limpieza étnica” fueron manipuladas (cayeron de 100 mil y luego 10 mil, para terminar en 2 mil muertes, luego de varias investigaciones), así como las de emigración.

Producto de la guerra, la emigración de población albanesa radicada en Kosovo no superó la cifra de los 30 mil. Pero según ACNUR, no fue hasta el bombardero de la OTAN que la emigración llegó hasta los 735 mil.

Sin embargo, para que la OTAN justificara su bombardeo en Kosovo para entregarles el poder a los separatistas, esos primeros 30 mil emigrantes fueron suficientes para construir el expediente del “éxodo albanés” que huía por la “persecución” de los serbios.

La audiencia mundial fue intoxicada con relatos exagerados de albaneses saliendo de Kosovo con lo poco que llevaban encima, dirigiéndose hacia campos de refugiados y madres con sus bebés “escapando” de los serbios. Las fotografías y videos de decenas de personas caminando fuera de su país fue la narrativa empleada para simplificar que la emigración albanesa explicaba todo el complejo proceso en Yugoslavia, pero también para omitir las razones que los forzaron a salir: una guerra iniciada por separatistas que respondían al mandato de balcanización de Estados Unidos, que presionó dicho escenario utilizando medidas de embargo y bloqueos financieros.

A raíz de la “intervención humanitaria”, hoy Kosovo es un narcoestado, un centro de entrenamiento de terroristas y una ruta para refugiados que buscan llegar a Europa. Tiene al ex presidente Bill Clinton, principal operador político de la invasión, como héroe nacional a lo alto de una estatua en Pristina, la capital.

Kosovo representó un perfeccionamiento del modelo de “intervención humanitaria”, no tanto por cómo se utilizó el factor migratorio con mayor eficacia, sino porque fue una incursión militar que no contó con el aval del Consejo de Seguridad de la ONU. Para los ideólogos de esta doctrina, Francis Deng, Michael Walzer, entre otros, la intervención se justificaba porque los “derechos humanos” de los albaneses, bajo asedio de la OTAN, estaban por encima de los derechos de los Estados-nación y el derecho a la autoderminación de los pueblos.

Sufriendo los coletazos de la “Primavera Árabe”, Libia fue rápidamente penetrada por grupos mercenarios y llevada a la guerra, cumpliendo todas las fases del manual sobre estrategias de golpe blando implementadas por Estados Unidos.

El país fue llevado a la guerra, mientras a nivel internacional las potencias occidentales reconocían a un gobierno paralelo, denominado Consejo Nacional de Transición libio, quienes en realidad eran los jefes políticos de los terroristas en el terreno.

Aunque, si bien la operación de bandera falsa del bombardeo por parte del Coronel Muamar Gadafi a la Plaza Verde de Trípoli fue el detonante para activar la “intervención humanitaria” de la OTAN, el discurso sobre la necesidad de “ayudar a los refugiados libios” cumplió un papel clave en justificar ante el Consejo de Seguridad de la ONU las medidas de embargo total. Al principio de la guerra, ACNUR contabilizó 20 mil emigrantes, una cifra inferior al 1% de la población total de Libia.

En un discurso dado durante el momento más álgido de la confrontación interna, el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, afirmó, amparado en la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, que si la “ayuda humanitaria” no era permitida por Gadafi para asistir a los libios, se pasaría a la fase militar, como efectivamente ocurrió.

Bajo la premisa de que Libia era, también, un problema regional, y que la guerra podría aumentar la crisis de refugiados, la OTAN decidió intervenir militarmente para destronar al poder a Gadafi y entregarle el poder a las facciones mercenarias que habían financiado en la primera etapa de la “Primavera Árabe”.

La Administración Obama empleó el concepto R2P, sin embargo, para darle carácter de urgencia y necesidad, los medios construyeron un expediente que desfiguraba la imagen de Libia como un país de refugiados y perseguidos que necesitaba ser salvado.

Durante la intervención, más de 120 mil libios fueron asesinados. Años más tarde fue transformado en un país con medio millón de desplazados, con un mercado de esclavos a cielo abierto, donde distintos grupos mercenarios que se disputan el poder mantienen el territorio balcanizado. Pasó de ser el país con mayor desarrollo humano de toda África, a un Estado fallido.

Los casos aquí presentados nos ofrecen una cartografía en cuanto a los usos de la migración forzada para precipitar “intervenciones humanitarias”, medio y fin a la vez para cristalizar la destrucción de países que ostentan grandes recursos naturales o que adversan a Estados Unidos.En los últimos días hemos visto cómo las categorías “crisis migratoria”, “éxodo venezolano”, “Venezuela es un problema regional y para la seguridad de Estados Unidos”, se han venido posicionando en el discurso público, tratando de remolcar una nueva agenda de sanciones que impida la recuperación económica del país.

El pasado mes de junio, el vicepresidente Mike Pence dio la orden de que los países de la región atendieran la “crisis humanitaria” de Venezuela. Lo que subyace de este mensaje es el intento de redoblar esfuerzos para asfixiar el país, y así sostener en el tiempo la propaganda sobre la migración venezolana, única razón que explica el aumento de emigrantes venezolanos.

Desde Antonio Ledezma y su club de autoexiliados, el secretario general de la OEA Luis Almagro, el senador de Florida Marco Rubio, pasando por gobiernos de la región como Colombia, hasta llegar a instancias multilaterales como ACNUR o la OIM, el uso cartelizado de estas categorías expresa lo que se está intentando mover a nivel internacional, con el objetivo de reproducir en el caso venezolano, lo que mejor funcionó para lograr la “intervención humanitaria” en las situaciones relatadas en el presente trabajo.

Es ahí donde el discurso del senador Marco Rubio y del almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur, que proyecta a Venezuela como una amenaza a la “seguridad nacional” de Estados Unidos, nos da la pista que faltaba para afirmar que es a partir de “los peligros de la emigración venezolana” el canal por donde se intenta justificar una acción militar.

Así como las formas y mecanismos parecen no variar, los objetivos tampoco: la migración forzada es el vehículo por el cual Estados Unidos busca transformar a Venezuela en Irak, Somalia, Kosovo o Libia, asfixiándola económicamente para estimular la migración y las exigencias de “ayuda humanitaria”, toda vez que le promete a los que deciden quedarse sufrir los desmanes del bloqueo financiero.

En todos estos casos, la fractura histórica, social y cultural, y el ahogo económico, fueron el inicio. Partir países en dos o más fracciones, construyendo una barrera entre los que se quedan y reciben los golpes económicos, y los que emigran bajo la promesa de ser “salvados” fuera de las fronteras, sirvió para justificar que, una vez cumplido el mandato moral de la “ayuda”, viene la guerra de verdad. Contra los que se aferran a su patio de nacimiento.

Pero no estamos en 1999 (donde Estados Unidos estaba por encima del Consejo de Seguridad de la ONU y de sus contrapartes China y Rusia) ni Venezuela es Kosovo.

Fuente, 30 agosto 2018

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