La Fiscalía francesa le ha dado el carpetazo a 54 sumarios que tenía abiertos contra policías por las palizas propinadas a los “chalecos amarillos” desde que el año pasado comenzaron las movilizaciones.
Al mismo tiempo próximamente iniciará un juicio contra dos de ellos dentro de una cárcel, que es el primero en su género.
Durante un año las denuncias contra la policía han inundado las dependencias judiciales porque en Francia creían que el apaleamiento de manifestantes era propio de los países tercermundistas, como decía uno de los “chalecos amarillos” a la televisión.
Han salido de su estupor a palos y han creído que los jueces y los fiscales son algo diferente de los de la porra. Se tragaron lo del “Estado de Derecho”: el remedio a un mal policía son buenos jueces y fiscales que van a enmendar lo que los otros han torcido.
Pero las cosas funcionan de otra manera. El fiscal parisino Rémi Heitz confiesa que se han desembarazado de 212 denuncias enviándoselas a la Inspección General de la Policía Nacional, es decir, algo así como “yo me lo guiso yo me lo como”. La policía se investigará a sí misma.
En casi el 70 por ciento de los casos las investigaciones (por llamarlas de alguna manera) han concluido y los expedientes se han trasladado al Ministerio Público de París para que decida el camino a seguir.
En dos casos la fiscalía considera que las denuncias justifican la apertura de un procedimiento judicial. Ambos se refieren a los acontecimientos ocurridos durante la manifestación del Primero de Mayo de este año, que se caracterizó por el terrorismo policial.
Uno de los policías será juzgado por abofetear a uno de los “chalecos amarillos” gracias a que la escena fue grabada y publicada en las redes sociales. El policía está acusado de “violencia voluntaria por parte de un responsable de la autoridad pública” que causó una incapacidad superior a ocho días a su víctima.
El otro policía está acusado de lanzar una piedra a los manifestantes, una escena que también fue grabada y reproducida por las redes sociales. Le acusan del mismo delito, aunque en este caso no haya incapacitado a la víctima.
Ambos casos presentan tres características: son hechos insignificantes, fueron grabados y se difundieron por internet. De lo contrario hubieran quedado impunes, como los cientos de denuncias que han acabado en la papelera.
En Francia se abrieron 313 investigaciones contra la policía por el terror desatado contra los “chalecos amarillos”.
Un caso es el de Jerome Rodrigues, un manifestante gravemente herido en el ojo el 26 de enero, cuya denuncia dio lugar a la apertura de una investigación judicial por el delito de siempre.
Otro es la denuncia presentada por la madre de un adolescente al que le rompieron la mandíbula por un disparo con munición de caucho en Estrasburgo durante una manifestación convocada en enero.
Un total de 72 casos aún están siendo analizados por la fiscalía, mientras que otros 54 han sido cerrados sin más medidas, principalmente por “delitos insuficientemente graves”, pero también por “falta de identificación de los acusados”, según explicó el fiscal Heitz.
“Así es la justicia”, dijo con toda la cara dura del mundo el ministro de Interior, Christophe Castaner. “Consiste en llevar a cabo un estudio, una investigación que se pone bajo la autoridad de la policía, la gendarmería y luego un fiscal y los jueces deciden las medidas que deben tomar”.
En otras palabras: la justicia consiste en que unos de se tapan a los otros para que todos queden impunes. La fiscalía ha cerrado los procedimientos sin más. En algunos casos porque no quisieron identificar a los policías que dispararon.
Según un recuento del periodista David Dufresne, 24 personas han sido asesinadas por la policía desde que el 17 de noviembre del año pasado comenzó el movimiento de los “chalecos amarillos”.
