En una carta del fiscal general de Colombia Néstor Humberto Martínez, a la fiscal de la Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI), Fatou Bensouda, el polémico funcionario asegura que las investigaciones por los asesinatos de 265 líderes sociales sí avanzan, y se han identificado los autores materiales de 151 asesinatos. ¿Y los autores intelectuales?
La Defensoría del Pueblo, por su parte, afirma que son 498 asesinatos de líderes sociales entre enero de 2016 y el 27 de marzo último. Los líderes caen por sostener su lucha y detrás de cada asesinato está involucrada una organización criminal, pero el gobierno no ha avanzado (¿lo ha queirdo?) en marcar a los autores intelectuales.
Casi en cualquier punto del mapa de Colombia han ocurrido atroces episodios de violencia en los que perdió la vida un líder social. En Santa Marta silenciaron a una víctima de desplazamiento que recién había recuperado sus tierras. En Cauca debilitaron la lucha contra los sembrados de coca. En el Valle sacaron del camino a un defensor que hacía los esfuerzos anticorrupción, y en el Catatumbo callaron a un líder político, señala la revista Semana en su informe “Líderes sociales, ¿quién podrá defenderlos?”
Mientras, desde el 28 de marzo decenas de colombianos que residen en Europa marchan a la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya para exigir que se investiguen las ejecuciones extrajudiciales (llamadas también falsos positivos) y el asesinato de líderes sociales en Colombia, y manifestar su preocupación por que el asesinato de líderes sociales quede en impunidad, al considerar que “las investigaciones no avanzan”.
Entre las organizaciones que participan de la marcha están Colombia Humana (Londres), el colectivo Asdrúbal Jiménez (Ají), Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos y el Grupo Europa de familiares de detenidos y desaparecidos en Colombia.
Antonio Ramírez, miembro de Colombia Humana y uno de los organizadores de la caravana, aseguró que “las investigaciones no avanzan y, hasta hace muy poco, en parte gracias a la presión internacional que se hizo, el fiscal (o el gobierno en cabeza del fiscal), aceptó que hay una sistematicidad. Pero, hay una responsabilidad por parte del Estado en lo que tiene que ver con la omisión y, en muchos casos también, quizá, con acción de agentes estatales que, al parecer, estarían involucrados en los asesinatos de líderes sociales”.
En su carta, el fiscal Martínez, admitió que entre el 1 de enero de 2016 y el 27 de marzo de 2019 han sido asesinados 265 defensores de derechos humanos (según el registro de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU–OACNUDH–). y, se ha identificado a los autores de 151 casos (57 % de las cifras parciales que maneja la Fiscalía), de los cuales, en 29 ya hay sentencias condenatorias, 53 están en juicio, en 35 se han imputado cargos, en 31 hay órdenes de captura y otros tres precluyeron por la muerte de los sindicados.
Añadió que también se está investigado a los autores intelectuales de los asesinatos de los líderes sociales y explicó que en el “21,85 % de los casos en avance de esclarecimiento se ha podido establecer la autoría intelectual de los graves crímenes”..
Según un estudio publicado por la Comisión Colombiana de Juristas, la Universidad Nacional y varias organizaciones sociales a inicios de 2019, muestra que, en la mayoría de los casos de defensores asesinados, éstos eran líderes de juntas de acción comunal (61), seguidos por líderes cívico-comunales (52), líderes indígenas (31), líderes campesinos (28), líderes afro (24), líderes de movimientos políticos (18), activistas de víctimas (12), líderes sindicales (9), activistas ambientales (7), reclamantes de tierras (6), abogados defensores de derechos humanos (5), miembros de la comunidad LGBT (4) y líderes juveniles (3).
Sistematicidad, un hecho probado
Un informe de la Comisión Colombiana de Juristas, el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y varias organizaciones sociales ilustra cómo el asesinato de líderes sociales en Colombia es el resultado de “una violencia metódica y no aleatoria”, desde la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.
Los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos van en aumento. Esa tendencia, que se ha hecho evidente por las denuncias de múltiples organizaciones de derechos humanos y de entidades como la Defensoría del Pueblo. El estudio, titulado”¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el post acuerdo”, no se limitó a dar una cifra consolidada de homicidios, sino a analizar los casos para “evidenciar elementos en común, condiciones compartidas que definen posibles patrones identificables en los crímenes, así como la correlación entre los crímenes con otras variables”.
Su intención fue explicar que ha habido una sistematicidad en los ataques contra los líderes sociales. Mientras era ministro de Defensa de Juan Manuel Santos, Luis Carlos Villegas lanzó la infortunada explicación de que, en su “inmensa mayoría”, estas muertes eran “fruto de un tema de linderos, de un tema de faltas, de peleas por rentas ilícitas”, Camilo Bonilla, coordinador del Área de Investigación de la CCJ, afirmó que sí hay sistematicidad: así lo deja en claro la coincidencia que encontraron en los múltiples patrones que fueron analizados.
El análisis se centró en identificar los patrones en cinco escenarios: la naturaleza del fenómeno, el tipo de víctimas, el tipo de victimarios, el modus operandi en los distintos casos y la espacialidad de los crímenes. Y, en efecto, fueron múltiples las coincidencias encontradas en los 343 casos que fueron analizados y que ocurrieron entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de julio de 2018, el período comprendido por la investigación.
Son varios los datos que proporciona el estudio. Sobre quiénes cometen los crímenes, señala que en 118 casos no se ha identificado a los autores, 44 fueron cometidos por paramilitares, 35 por grupos armados sin identificar, 19 por disidencias de las Farc, 15 por un civil que ha sido capturado, pero no se ha identificado si pertenece a alguna organización, 11 por el Ejército, 8 por el Eln, 4 por seguridad privada, 3 por la Policía Nacional y 2 por el Epl.
Además, muestra que la mayoría de los casos analizados eran líderes de juntas de acción comunal (61), seguidos por líderes cívico-comunales (52), líderes indígenas (31), líderes campesinos (28), líderes afro (24), líderes de movimientos políticos (18), activistas de víctimas (12), líderes sindicales (9), activistas ambientales (7), reclamantes de tierras (6), abogados defensores de derechos humanos (5), miembros de la comunidad LGBT (4) y líderes juveniles (3).
Los líderes sociales, víctimas de ataques, son caracterizados como personas que “llevaban a cabo ejercicios de poder contra-hegemónico en el ámbito local que afectan intereses de grupos ilegales, pero también de grupos económicos, empresas o personas que son consideradas por el Estado y la sociedad como inscritos en la legalidad”. El informe agrega que un factor de riesgo es si el trabajo del líder es local o regional, pues cuando su visibilidad es nacional tiene mayor protección.
El informe señala, igualmente, que la violencia contra los líderes sociales no es un fenómeno accidental ni fortuito, sino que su naturaleza es “repetitiva, invariable y continua; es una violencia perpetrada de manera reiterada, metódica y no aleatoria”. E insiste en que “son selectivos y no indiscriminados”, pues, antes del atentado, se identifica a la víctima a la que se dirige el ataque.
Como causa de esta conclusión el estudio señala que 106 líderes sociales (casi la mitad de las víctimas entre 2016 y 2018) fueron asesinados en sus viviendas y otros 100 también sufrieron atentados en sus casas, lo que demostraría que hay “actividades de planeación y seguimiento a la víctima por parte de una estructura criminal con dominio territorial”. Otro elemento que probaría esta hipótesis es que la mayoría de los ataques son cometidos por sicarios.
El estudio también muestra que las autoridades llevan su parte: “En ocasiones los crímenes son antecedidos o seguidos de señalamientos, discursos estigmatizantes o de negación ya sea del fenómeno, de la existencia de los victimarios o de la condición de defensor de derechos humanos de la víctima. Estos discursos son elaborados por parte de autoridades locales, regionales y nacionales”.
Fabio López, docente del EPRI dijo a El Espectador que los asesinatos también son el resultado de la ineficiencia del Estado para llegar a las zonas que fueron dejadas por los exguerrilleros de las Farc, un fenómeno que, según él, también sucedió cuando se desmovilizaron grupos paramilitares entre 2003 y 2007.
“El Estado tiende a negar su propia participación. Hay un negacionismo no solo frente al fenómeno de la muerte de los líderes sociales, sino también frente a la participación de actores institucionales en estos asesinatos. Además, es un Estado que no controla su territorio, con instituciones muy ineficientes y sin un norte para la integración socioterritorial”, afirmó López.
Resistencia indígena
Con su paro activo, los indígenas han puesto al descubierto desde hace casi un mes el fracaso del estado de derecho, y entraron en rebelión en el suroeste del país poniendo en el tapete las décadas de olvido y de incumplimiento a decenas de pactos y acuerdos firmados, y siempre traicionados. Y siguen luchando en defensa de sus territorios ante la sistemática invisibilización por parte del poder fáctico, del cual la distorsión de los hechos por parte de los medios masivos de comunicación es parte crucial.
Campeisnos e indígenas controlan los caminos, las veredas, las trochas, basados en otra cosmovisión, y con sus luchas de estos días han trazado una nueva situación geopolítica en sus territorios, en los que combinan sus memorias y luchan por un futuro en el que la naturaleza, su cultura y la defensa de la vida no estén separadas, y puedan superar cinco siglos de violencia, muerte y la tragedia. 
La capacidad de resistencia de los 100 pueblos indígenas, no cabe en la lógica del poder hegemónico, aun cuando sean constitucionalmente reconocidos en un país que se dice diverso, multicultural y de pluralismo jurídico. Lo que proponen lejos está de las implicaciones militares que esgrime el gobierno, que infiltra sus procesos organizativos, provoca, sobrevuela sus territorios con aviones de guerra (desde bases propias y estadounidenses), aumenta la represión y amenaza con judicializar a sus líderes.
Mientras los ojos del país se enfocan inevitablemente en 400 líderes asesinados en los últimos tres años, también debe mirar prioritariamente a los miles que debe proteger. De acuerdo con cifras de la Unidad Nacional de Protección, 4.487 líderes sociales y defensores de derechos humanos cuentan con un esquema que contempla celulares, chalecos blindados, hombres de protección, vehículos blindados y convencionales, dice Semana. De poco ha servido todo esto, hasta ahora
Para las organizaciones sociales es urgente que el Estado, al cual le ha costado mucho admitir la sistematicidad de estos crímenes, elabore una política pública de protección de líderes, pero que se construya con la participación de las comunidades para que sea realmente útil. Pero Iván Duque sigue mirando hacia otro lado: cree que amenazando una confrontación con Venezuela, los colombianos van a olvidar esta guerra de aniquilamiento sistemático.
Camilo Rengifo Marín, 6 abril 2019
* Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
