Como asesinaron a la Democracia en Brasil ? Cada etapa al detalle…
Acto 1: derrocar un gobierno legítimamente elegido
(2)
Eduardo Cunha, vicepresidente de Congreso y político acuciado por numerosos cargos de corrupción (en prisión desde hace dos años), se declara enemigo mortal de la presidenta, que se niega a entrar en sus tramas corruptas. Declara públicamente que la hará caer. Excelente oportunidad para los barones de la política y la economía brasileña, asociados a los principales medios de comunicación, a Aécio Neves y a su PSDB; hay que crear la oportuna inestabilidad política. La sentencia por corrupción de Cunha, que le llevará a prisión, se pospone hasta después del proceso de destitución de la presidenta, cuando Cunha ya no será útil.
Sin éxito en la búsqueda de acusaciones de corrupción contra Dilma que, por el contrario, deja de recibir a diputados en su gabinete debido a sus prácticas clientelares, el Congreso declara ilegal una operación de contabilidad fiscal que practicaban los 26 estados brasileños (aparte de muchos ayuntamientos) y que consiste en adelantar, en noviembre-diciembre, los fondos del presupuesto del año siguiente para no interrumpir los pagos de proyectos sociales como la “Bolsa Familia” destinados a los brasileños más pobres. Pero no sólo se limitan a declarar ilegal lo que en el peor de los casos solo es una falta administrativa, sino que lo elevan a la categoría de “delito de responsabilidad”, el único delito que puede desencadenar una demanda de proceso de destitución por parte del Congreso.
La gran prensa convierte esta infracción en una figura de publicidad política dándole un nombre más asimilable por la población: las “pedaladas fiscales”. A partir de ese momento cualquier taxista en Brasil puede hablar durante horas sobre lo grave que es este delito y en qué medida es equiparable a la corrupción.
Después de una serie de maniobras ilegales realizadas con el apoyo del poder judicial (como las inconstitucionales escuchas telefónicas realizadas en la residencia de la presidenta o la prohibición de nombrar ministro a Lula para ayudar a manejar la crisis, aduciendo que estaba siendo juzgado, aunque no hay nada que impida que sea ministro), el Congreso votó la destitución de la presidenta. Los senadores fueron “comprados” públicamente por el vicepresidente (y futuro presidente) con cargos importantes para sus aliados en el nuevo gobierno.
También es importante saber que Lula y Dilma, lo mismo que Cardoso, su predecesor del PSDB, tuvieron como vicepresidentes a personas del partido más corrupto de Brasil, el PMDB, cuya táctica es evitar el alejamiento del poder, para lo que llegan a acuerdos con cualquier partido con tal de conseguir la vicepresidencia. Como tienen muchos diputados, su apoyo es necesario para cualquiera que quiera tener una mayoría en el Parlamento. Pero Dilma fue traicionada por el que hoy es el presidente-usurpador, Michel Temer, involucrado en docenas de casos de corrupción.
Mostrando hasta qué punto todo esto es una farsa el Congreso depuso a Dilma pero dejándole como “premio de consolación” sus derechos políticos, lo que es una aberración constitucional ya que el proceso de destitución implica la pérdida de derechos políticos durante ocho años. En ese momento la Constitución brasileña no tiene ningún valor. En su primera demostración de servidumbre a los poderes gobernantes la Corte Suprema preside esta saga de inconstitucionalidad dándole apariencia de legalidad.
Miles de personas vestidas con la camiseta amarilla de la “selección” salieron a la calle para exigir la caída de Dilma. Fueron convocadas por campañas masivas de la prensa, de los grandes almacenes y de los bancos, que financian campañas multimillonarias en los medios: “Sal tú también a la calle”, “El gigante Brasil se despierta”, etc. La prensa reprodujo las fotos, que dieron la vuelta al mundo.
Lo que la prensa no mostró sistemáticamente y el mundo probablemente no ha visto es que por cada manifestación de ese tipo hubo otra tres veces mayor de cientos de miles de seguidores de Dilma y de Lula en las calles. La forma como los medios nos privan de esas fotos merece tesis de periodismo. Afortunadamente, las redes sociales muestran la fuerza de las manifestaciones a favor de Lula y Dilma.
Eduardo Cunha, que se había vuelto inútil, sufrió un juicio “ejemplar” y fue enviado a prisión. Varios escándalos revelados por la prensa demuestran que probablemente recibió unos pagos excesivos para mantener su silencio.
Pero la clase media brasileña, la que precisamente más se ha beneficiado del crecimiento económico bajo Lula, demuestra sus prejuicios respecto a los más pobres. Un presidente obrero y sin estudios universitarios no puede ser nada bueno. Únicamente puede estar ahí para robar. La presidenta que puso en su lugar no puede ser otra cosa que una ladrona y una incompetente. A fin de cuentas, es una mujer y además la apadrinó un analfabeto. Ese discurso mezquino gana fuerza gracias a una importante financiación en los medios de comunicación. A pesar de toda su popularidad entre los pobres (que por primera vez, gracias a las políticas vigentes, están empezando a tener acceso a las universidades) y los sectores intelectuales, Lula pierde el apoyo de las clases medias y Brasil se divide.
Al mismo tiempo, frente a la popularidad de Lula y Dilma, la derecha y el PSDB abren la puerta a la extrema derecha como último recurso en las elecciones presidenciales de 2010 (cuando Lula logró que se eligiese a Dilma por primera vez). José Serra, el entonces candidato, invita a los sectores de extrema derecha a participar activamente en su campaña. Sin éxito. Pero el daño está hecho. Cada vez de forma más visible y sin trabas por parte de la justicia, que en Brasil ya no existe como tal, el discurso del odio, el racismo y los prejuicios contra los pobres y las mujeres cada vez se desata más y está más generalizado. De hecho sirve para desmoralizar todas las políticas de Lula y Dilma respecto a los más pobres y las minorías.
(3)
Apenas seis meses después de la caída de Dilma el Congreso (Parlamento) vuelve a votar la legalidad de las “pedaladas fiscales”. Todo vuelve a su sitio. El nuevo presidente Temer anticipa fondos en diciembre de 2016 a cuenta del presupuesto de 2017, que son dos veces más grandes que los que adelantó Dilma. Ahora es legal.
Desde entonces se suceden una serie de escándalos: los asesores más próximos al presidente Temer son sorprendidos con maletas repletas de dinero, una escucha (autorizada) de la policía federal descubre los tejemanejes del presidente para silenciar los testimonios que le podrían implicar en casos de corrupción. El candidato que había perdido ante Dilma, Aécio Neves, cae en desgracia política, pero no se le amenaza con la prisión. El helicóptero de un senador de la derecha es detenido mientras transportaba 500 kg de cocaína. Al senador no se le molestó. Otro senador dijo, bajo escucha policial: “Tenemos que acabar con esta hemorragia, tenemos que poner fin a esta operación”, refiriéndose a las operaciones anticorrupción.
En una serie de televisión producida por Netflix cuyo tema son las operaciones contra la corrupción en Brasil (dirigida por el polémico director de la serie Narcos), exactamente la misma frase la pronuncia no un senador corrupto del nuevo gobierno, sino un expresidente de barba blanca, que recuerda en todo a Lula. Cualquier medio es válido para hacer de Lula el bandido número uno de la corrupción en Brasil.
Al mismo tiempo Temer pone en marcha un proceso de destrucción sistemática de las conquistas sociales del gobierno de Lula: fin de las leyes que regulan el trabajo, revisión a la baja de las pensiones, reducción de las tierras indígenas, final del programa de vivienda y así sucesivamente.
Acto 2: Destruir al Partido de los Trabajadores (PT) y su líder, Lula
El problema es que con todo esto Lula, que presidió el país en el momento de mayor crecimiento económico de su historia, líder popular indiscutible, se catapulta al primer lugar en todas las encuestas presidenciales, posición que no ha abandonado hasta ahora. Ya no es suficiente eliminar al presidente, es necesario a toda costa romper este movimiento y la fuerza de Lula.
(1)
Sergio Moro, un juez de primera instancia de Curitiba, donde el movimiento anti-Lula es muy fuerte y donde existe un fuerte sentimiento “separatista” con respecto al “Brasil pobre (y no blanco) del Norte”, decide incoar un proceso de corrupción contra el expresidente.
Moro reúne algunas características que no se pueden ignorar: es hijo de un político del PSDB, el partido que promovió el proceso de destitución de Dilma; su esposa es una dirigente de ese partido en su estado (Paraná); es conocido por su odio contra Lula, que aunque sea juez destila en las redes sociales; es conocido por llamar al expresidente “nueve dedos”, aludiendo al hecho de que Lula perdió un dedo en un accidente laboral cuando era un obrero del metal.
Moro decide perseguir a Lula partiendo de la construcción de una fábula pintoresca. Una gran empresa constructora (OAS) ofreció a Lula un apartamento triplex de 250 m2 en la playa a cambio de un trato de favor en los contratos con Petrobras, el gigante petrolero brasileño (empresa pública), que Lula extiende por los mercados mundiales gracias en particular al descubrimiento durante su gobierno de reservas submarinas. Resulta que, en efecto, la esposa de Lula (que murió a causa de un derrame cerebral provocado por estas acusaciones) había pedido comprar este apartamento en 2007, pero Lula renunció a su compra después. Únicamente una vez en su vida puso los pies en ese apartamento, que estaba en construcción hasta hace unos meses y nunca ha estado a su nombre o al de su esposa (siempre estuvo a nombre de OAS, la constructora). Además, los primeros ocho testigos en el juicio exculparon a Lula. Durante el juicio Lula no dejó de insistir (los videos están disponibles en Internet): “Señor Juez, por favor, muéstreme pruebas de que soy el dueño de este apartamento y de inmediato me presento voluntariamente en prisión”. Moro nunca tuvo esas pruebas.
2)
La siguiente acción fue difundir una versión según la cual ese apartamento no era más que la punta del iceberg de una red de crímenes y corrupción liderada por Lula y las principales empresas de construcción e infraestructuras del país que, como era legal, financiaron todas las campañas electorales (incluidas las del PSDB). Fue Dilma, precisamente, quien aprobó la ley que prohíbe la financiación de las campañas por las empresas privadas en Brasil. La cuestión es conseguir demostrar hasta qué punto un presidente conoce y controla todas estas artimañas, y en qué medida debe ser responsable de ellas. Sería muy útil e interesante que se realizara esa discusión, pero en el marco de la ley, con investigaciones serias, pruebas y todos los plazos y apelaciones garantizados. Pero no, en Brasil Moro lo utilizó como un arma de persecución política. Sin pruebas concretas.
A favor de Lula es preciso señalar que en ocho años el anterior gobierno de Cardoso (PSDB) había ordenado a la Policía Federal poner en marcha 48 operaciones anticorrupción. En el caso de Lula y Dilma ¡en 12 años ordenaron 2.226! Además, fue Lula quien reestructuró esa misma Policía Federal para aumentar su capacidad de combatir la corrupción. Sin embargo, lo más increíble es lo desmedido de la acusación. En un país donde los propietarios de las televisiones y los grandes multimillonarios poseen –ilegalmente- islas enteras, con villas no autorizadas de varios miles de metros cuadrados por valor de millones de dólares, Moro y su pandilla de acusadores consiguen convencer a la gente de que Lula se habría corrompido favoreciendo contratos con el gigante petrolero a cambio de un apartamento de menos de 300 m2 en una playa de clase media en la costa de São Paulo. La aceptación de la credibilidad de esta acusación sólo se puede explicar en relación con los prejuicios que existen en Brasil respecto a los más pobres: “Lula ni siquiera sabe cómo ser corrupto. Lula negocia lo que está a su altura. ¡El mundo de las villas y millones no es para él!”. Esta es la base de este discurso mediático contra Lula.
Lo más impresionante es que una simple búsqueda en Google muestra que Cardoso, el expresidente, recibió una hacienda de una de estas compañías (Camargo Correa), que incluso construyó en ella una pista de aterrizaje en la que podían aterrizar… ¡Boeings! También se acusa a Cardoso de comprar un apartamento en el barrio más caro de São Paulo a un precio muy inferior al del mercado. Sin embargo, nada de esto es motivo de investigaciones o juicios.
Debe entenderse que en 14 años en el poder el PT cometió muchos errores y probablemente haya estado involucrado en más de un caso dudoso. La corrupción es un hecho endémico en Brasil desde hace 500 años y un gobierno no puede detenerla de golpe. El PT no está exento de haber tomado malas decisiones y de haber compartido muchas veces la lógica de la política brasileña (aunque mucho menos que los demás partidos y siendo el único que ha gobernando atendiendo los intereses de los más pobres). Pero no hay que confundir las cosas: con la excusa de una falsa lucha contra la corrupción, lo que la élite brasileña, y sobre todo la justicia, han puesto en marcha es una persecución que pone en jaque a toda la democracia.
Para obtener “pruebas”, sean las que sean, Moro innova desde el punto de vista jurídico. Obtiene de la Corte Suprema, y esta es su segunda acción a favor del golpe de Estado, que la detención se convierta en prisión indefinida. En 2016, después de la destitución de Dilma, la Corte decide por 6 votos contra 5 interpretar un texto de la Constitución según el cual en Brasil una persona sólo puede ser encarcelada una vez que se hayan hecho todas las apelaciones posibles: la Corte decide finalmente que no es el caso y que después del juicio en segunda instancia una persona ya puede ser encarcelada mientras continúan las apelaciones a instancias superiores.
Esta decisión es importante para entender lo que está sucediendo hoy con el encarcelamiento de Lula.
Estas dos decisiones de la Corte Suprema permiten que el juez Moro establezca una forma de chantaje jurídico: envía a prisión a personas que tengan alguna relación con Lula prometiéndoles ponerlas en libertad si aceptan convertirse en delatores. La prensa deja escapar que en un caso la demanda era específica: “Le dejaré salir si me presenta acusaciones contra Lula”. Cuando una de esas delatoras afirmó que el juez Moro le había pedido dos millones de reales para permitir su liberación, la prensa se olvidó rápidamente de ella.
Más tarde el juicio sigue su curso mientras que se acosa a la población con una intensa campaña de difamación de Lula y Dilma. En cada nuevo episodio del proceso, aunque cada vez es más evidente la falta de pruebas, las élites sacan sus ollas para golpearlas en las terrazas de sus apartamentos de lujo. La población más pobre tiene cada vez más dificultades para seguir los vericuetos legales del caso. La clase media celebra el “fin de la corrupción” a pesar de que el gobierno actual, bajo Temer, es probablemente uno de los más corruptos en la historia de Brasil.
Aunque un juicio en Brasil dura años debido a la indolencia del poder judicial, el juicio de Lula con el juez Moro acaba en un tiempo récord. Sin pruebas, Moro condena al expresidente, que continúa muy por delante en todos los sondeos electorales, a nueve años de prisión. ¿Una pequeña ironía hacia los “nueve dedos”? Es posible. El juez que únicamente viste camisas negras con corbata roja, algo que evoca a los momentos más sombríos de la historia del mundo, ya no tiene ningún escrúpulo.
Seguidamente se publica un libro firmado por 200 juristas brasileños sin que tenga cobertura de los medios de comunicación. En él los juristas denuncian la inconsistencia del juicio de Lula en un caso sin pruebas concretas. Los argumentos del juez Moro son tan débiles que él mismo admite no tener pruebas, sino la “convicción” de la culpabilidad de Lula. Desde entonces en Brasil una persona puede ser encarcelada tras ser detenida gracias únicamente a la “convicción” del juez. Esto es, además, lo que pretende hacer el poder judicial enjuiciando a cinco rectores de las universidades federales más grandes, llevándolos a prisión en operaciones policiales con ametralladoras y camiones blindados (a pesar de que la ley prevé una citación amistosa ante el juez) por asuntos ridículos, como “errores de factura en la compra de fotocopiadoras”. ¿El objetivo de todo esto? Mostrar al público que las universidades federales, las cuales habían sido objeto de una de las acciones más impresionantes del gobierno de Lula que creó un centenar de campus en todo Brasil, no son sino un antro de corrupción de la “maquinaria criminal” del PT. Uno de los rectores, demasiado humillado por estos hechos, se suicidó. Pero esto no pareció molestar a nadie, aparte de la comunidad de izquierdas en las redes sociales.
A pesar de todo esto, los abogados de Lula apelan en segunda instancia. Una vez más, este es un procedimiento que normalmente dura más de dos años. Para Lula apenas duró unos pocos meses. Este jurado concluye con un veredicto rápido, con argumentos idénticos, aunque se supone que los votos deberían ser independientes. Los jueces confirman el veredicto de la primera instancia y aumentan la condena de Lula a doce años y dos meses. ¿Por qué esta precisión? Dado que el “crimen” no probado del apartamento se remonta a más de diez años, Lula tendría derecho a cumplir su condena en libertad. Los entresijos del golpe de Estado están repletos de pequeños detalles.
Acto 3- Los militares entran en juego
La víspera de la sentencia final del 4 de abril la movilización de la derecha para presionar a favor del encarcelamiento de Lula es intensa. Las cacerolas resuenan en las terrazas de los ricos burgueses. Los medios de comunicación convocan manifestaciones contra Lula. Un gigante de las comunicaciones, la compañía SKY, permite que sus empleados participen en ese tipo manifestaciones sin pérdida de salario.
El mismo día un general en la reserva amenaza: “Si la Corte Suprema no envía a Lula a prisión el ejército intervendrá”. Horas más tarde el comandante del Estado Mayor se extralimita de sus atribuciones constitucionales, que le impiden pronunciarse sobre cuestiones políticas, y escribe: “El ejército se solidariza con los deseos de todos los ciudadanos ‘de bien’ de condenar la impunidad y permanece atento a sus misiones institucionales”. El mensaje no puede ser más claro.
Es cierto que los comandantes de la fuerza aérea emiten algo más tarde una declaración tranquilizadora, lo que demuestra que incluso en el ejército las opiniones están divididas. Pero lo que permanece es la amenaza de una intervención militar. Así, una de las juezas de la Corte Suprema cambia de parecer, lo que supone seis votos contra cinco a favor del ingreso en prisión de Lula. El cambio es tan sorprendente que la propia jueza dice textualmente que ha asumido un veredicto inconstitucional. ¿Es el miedo a los militares?
Así pues, la Corte Suprema anuncia que Lula puede ser encarcelado una vez terminadas todas las apelaciones en segunda instancia, lo que podría durar todavía 15 días dado que las apelaciones son todavía posibles y legalmente tramitables. Sin embargo, la justicia, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia son valores obsoletos en Brasil, en todo caso para Lula y seguramente para los simpatizantes del PT. En menos de 24 horas, de nuevo de forma ilegal, Moro dicta la orden de encarcelamiento.
Miles de activistas rodean en estos momentos [1] la sede del sindicato de los trabajadores del metal de São Bernardo, cuna de la carrera política de Lula. Acompañado por los senadores y el pueblo que le apoya, Lula no se presentó a la justicia. Moro le había dado de plazo hasta las 5 de la tarde del 5 de abril para que se presentara en Curitiba para su ingreso en prisión. Un acto de humillación. Moro agrega: “Debido a la dignidad del puesto que ocupó, ordeno que no sea esposado”.
Una vez más, Moro demuestra que su feroz persecución a Lula pasa por encima no sólo de las leyes y de la Constitución, lo que puede hacer gracias a la benevolencia de la Corte cuyo papel ya no parece ser proteger la Constitución, sino también del riesgo de provocar a una parte importante de la población, la cual en las encuestas de la semana pasada concede a Lula una posición cada vez más adelantada en la carrera por la presidencia. Ahora mismo todos los desenlaces son imaginables, incluidos los más trágicos. Brasil ya no tiene democracia, su gobierno electo ha sido depuesto por unas maniobras dignas de las peores mafias. La voluntad democrática del pueblo es violada por decisiones ilegales. Los militares están en alerta. La prensa continúa su acción irresponsable. El país está dividido. El mundo ya no es capaz de seguir las sutilezas de este despreciable golpe de Estado.
Como observa un joven en las redes sociales, la élite “celebra” el inminente encarcelamiento de Lula. Como los brasileños son bromistas, varios mensajes son irónicos. Se mofan de su nivel de educación, de su dedo de menos, de los homosexuales que “ahora tendrán que abandonar el país”, de la indigencia de Dilma (una mujer), de los pobres, de los sin tierra, de los negros, que ahora estarán “obligados a trabajar en lugar de vivir a expensas del gobierno”, de la “muerte de la izquierda”. La corrupción nunca se menciona. Es el retrato del Brasil que emerge de los escombros de una democracia devastada.
[1] El artículo se publicó el 6 de abril, cuando Lula aún no había ingresado en prisión. (N. de los t.)
