El primer mes de Trump complace a Israel – por Philip Giraldi
Despídete de Palestina
La Administración Trump, en funciones desde hace poco más de tres semanas, ha ido a toda velocidad en su defensa de Israel. La invitación de Donald Trump al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para que le visitara en la Casa Blanca, el primer jefe de Estado extranjero en ser honrado de esa manera, sentó las bases para toda una serie de acciones destinadas a confirmar el estatus de Israel como «mejor amigo y aliado más cercano» de Estados Unidos, como suelen celebrarlo tanto el Gobierno como los medios de comunicación. Trump también deleitó a su visitante revelando un plan para que Estados Unidos expulse completamente a los palestinos de Gaza, de modo que el gobierno estadounidense pueda «comprar» y «poseer» la franja para reconstruirla con un estilo lujoso, con propiedades con vistas al mar Mediterráneo emulando a la Riviera francesa que luego se venderían a gente «de la zona», es decir, presumiblemente judíos ricos, como Trump también dejó claro, no se permitiría a ningún gazatí regresar a lo que una vez fueron sus hogares. Mientras tanto, Netanyahu está llevando a cabo una limpieza étnica del resto de palestinos de Cisjordania, lo que significa que lo que una vez fue Palestina no tardará en quedar libre de palestinos, y los más de tres millones de nuevos refugiados morirán o serán enviados a lugares desconocidos. Trump indicó que esa cuestión, es decir, las medidas adoptadas por Israel para despoblar y luego anexionarse Cisjordania, también se está debatiendo directamente con el Gobierno de Netanyahu.
Trump también ha autorizado un envío de 1.800 devastadoras bombas Mark-84 de 1.000 kilos para «acabar el trabajo» en Gaza cuando sea necesario y también, presumiblemente, con los vecinos de Hezbolá al norte, en Líbano, si vuelven a sublevarse. Además, también están en camino nuevas bombas y proyectiles de artillería ligeramente más pequeños por valor de 9.000 millones de dólares, así como excavadoras blindadas Caterpillar, útiles para derribar casas palestinas y limpiar escombros y cadáveres para la construcción de villas de lujo.
Por si fuera poco y haciéndole un regalo especial y personal al propio Netanyahu, Trump también ha emitido una orden ejecutiva que impone amplias sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) y a su personal para castigarla por tener el descaro de acusar al primer ministro de Israel y a su ministro de Defensa de crímenes de guerra en Gaza. La oficina del primer ministro Netanyahu acogió con satisfacción la medida y respondió personalmente a Trump: «Gracias, presidente Trump, por su audaz orden ejecutiva sobre la CPI. Defenderá a Estados Unidos e Israel del tribunal corrupto antiamericano y antisemita [sic] que no tiene jurisdicción ni fundamento para emprender acciones legales contra nosotros… La CPI emprendió una campaña despiadada contra Israel como ensayo para actuar contra Estados Unidos. La Orden Ejecutiva del Presidente Trump protege la soberanía de ambos países y a sus valientes soldados. Gracias, presidente Trump».
No obstante, Trump, cuya ignorancia sobre a quién culpar de lo que ha estado ocurriendo en Oriente Próximo durante los últimos setenta y cinco años es profunda, está aprendiendo que no todo sale como a él le gustaría. Ya hay indicios de que es improbable que el plan de la Riviera de Gaza se desarrolle por varias razones, entre ellas la falta de voluntad de los países árabes para acoger a millones de nuevos refugiados, así como quién paga por ello y proporciona seguridad. También hay cuestiones legales, como a quién pretende Trump «comprar» la tierra, ya que la mayor parte del mundo y los tribunales internacionales consideran a los gazatíes los propietarios, y no a Israel, que presumiblemente acabaría siendo el poseedor por defecto mediante la ocupación militar de la propiedad. Así pues, no es probable que el «acuerdo del milenio» se lleve a cabo tal y como lo describió el presidente estadounidense.
Hasta cierto punto, a Trump se le permite salirse con la suya en su desmesurada afición por Israel porque un Congreso que ha sido corrompido por el dinero de los lobbies judíos es, en todo caso, más patético y propenso a arrastrarse ante Netanyahu que el presidente. De modo que no hay prácticamente ningún control sobre su comportamiento cuando se trata de dar a Israel incluso más de lo que exige como tributo. Para que el lector no tenga la tentación de preguntar, hay más, mucho más, y parte de ello no sólo es contrario a los intereses reales de Estados Unidos, sino que de hecho perjudica los derechos y libertades constitucionales existentes de todos y cada uno de los ciudadanos estadounidenses.
Más bien creo que una medida reciente de la nueva fiscal general de Trump, Pam Bondi, de la que apenas se informó en los medios de comunicación, ilustra lo absurdo de las posiciones de los fanáticos de «Israel primero» que han ocupado la mayoría de los altos cargos del nuevo gabinete. Antes de asumir su cargo, Bondi, haciéndose eco del historial de comentarios insensatos de su nuevo jefe, instó en una entrevista en Newsmax, poco después del ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre, a que los funcionarios federales fueran más duros con los manifestantes propalestinos en los campus universitarios. «Francamente, tienen que ser expulsados de nuestro país o el FBI tiene que entrevistarlos inmediatamente», dijo. También calificó el antisemitismo de «rampante» en Estados Unidos y dijo que es «desgarrador ver lo que les está ocurriendo a todos nuestros amigos judíos en este país».
Está claro que Pam Bondi está dando continuidad a su preocupación por la seguridad de Israel. Ahora que ya está en el cargo, uno de sus primeros actos oficiales tras jurar su cargo el miércoles fue crear un grupo de trabajo conjunto dedicado a «investigar a los autores de los atentados terroristas de Hamás del 7 de octubre y buscar justicia para sus víctimas». Bondi se explayó sobre la necesidad de hacer frente a «la amenaza permanente que suponen Hamás y sus afiliados, tanto dentro como fuera del país», lo que sugiere que ella cree que tiene jurisdicción en Gaza.
Al parecer, la agenda del Grupo de Trabajo Conjunto 7 de octubre no se limitará a investigar posibles actos de violencia terrorista, sino que también se encargará de perseguir las «violaciones antisemitas de los derechos civiles» y «otros delitos federales» cometidos por presuntos «partidarios del terrorismo de Hamás» en el ámbito nacional, incluidos los campus universitarios estadounidenses. Como era de prever, Michael Masters, director general de la Red de Comunidades Seguras, que proporciona orientación en materia de seguridad a instituciones judías de todo Estados Unidos, dijo del grupo de trabajo que «esta administración se está tomando las amenazas a nuestra comunidad muy, muy en serio, lo cual agradecemos». De hecho, Masters probablemente sabe bien que «su comunidad» ya está bien cuidada por el gobierno de EE.UU., ya que más del 90% de todas las subvenciones discrecionales de seguridad concedidas por el Departamento de Seguridad Nacional van a parar a beneficiarios judíos. Me pregunto cuál será tu salario, Michael.
La creación del grupo de trabajo del 7 de Octubre sugiere que Bondi considera que el terrorismo islamista es una amenaza importante y una cuestión urgente que hay que abordar. El grupo de trabajo, que estará supervisado por el fiscal general adjunto, contará con agentes del FBI con experiencia en investigaciones sobre terrorismo. En particular, también trabajará conjuntamente con sus homólogos en Israel, lo que significa que los israelíes investigarán a ciudadanos y residentes estadounidenses.
Curiosamente, otra directiva de Bondi podría dar lugar a una importante reorganización de la aplicación de las leyes destinadas a prohibir la injerencia extranjera indebida en el sistema político estadounidense. Limitó la capacidad de los fiscales para presentar cargos relacionados con violaciones de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), una ley que obliga a las personas que se dedican a promover los intereses de gobiernos extranjeros a revelar su empleador y su remuneración. Como ningún país del mundo interfiere más en la política estadounidense que Israel, limitará la probabilidad, ahora fijada en cero, de que los grupos y agentes israelíes tengan que registrarse alguna vez. Uno recuerda que John F. Kenney estaba intentando obligar a registrarse a uno de esos grupos poco antes de ser asesinado.
No es sorprendente que el interés de Bondi por los supuestos autores del 7 de octubre, que considera falsamente una amenaza contra Estados Unidos, sea compartido por los medios de comunicación estadounidenses dominados por los judíos, que persisten en incluir en casi todos los artículos sobre Gaza una línea sobre cómo los «terroristas» de Hamás atacaron Israel y mataron a 1.200 israelíes, descrito como el peor crimen contra los judíos desde el llamado holocausto. Por desgracia, la historia es falsa. Unos 500 muertos o más fueron asesinados por el ejército israelí cuando utilizó tanques y helicópteros de ataque para matar todo lo que se movía en el lugar del incidente. Recientemente, el ex ministro de Defensa israelí Yoav Gallant admitió que las fuerzas bajo su mando habían llevado a cabo la llamada Directiva Aníbal para matar a israelíes que de otro modo podrían convertirse en rehenes y evitar así que el gobierno israelí se viera presionado a asumir riesgos para liberar a los capturados.
Por último, como ya se ha mencionado, la preocupación por Israel ha llevado a la nueva administración a aumentar la presión sobre colegios y universidades para que repriman las manifestaciones propalestinas y/o antiisraelíes en los campus estadounidenses, amenazando con recortar la financiación federal a las instituciones que no tomen medidas firmes para «proteger a los estudiantes judíos» (que ya son el grupo de estudiantes más privilegiado en la mayoría de las grandes universidades). Incluso la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha considerado unilateral la medida exigida, observando que «el proyecto de ley «Ley de Concienciación sobre el Antisemitismo» forma parte de una preocupante oleada de intentos dirigidos por el gobierno de reprimir la [libre] expresión de personas que se encuentran en un solo lado del debate Israel-Palestina». La tendencia se manifiesta en los campus universitarios, en los contratos estatales e incluso en proyectos de ley para modificar la legislación penal federal, pero el impacto es el mismo: se está silenciando a quienes pretenden protestar, boicotear o criticar de cualquier otra forma al gobierno israelí. Quienes se oponen al genocidio son objeto de medidas administrativas que van desde la prohibición de acceso a los edificios universitarios hasta la expulsión de las propias escuelas e incluso la deportación de quienes son extranjeros por el gobierno federal, que ahora está tratando de quitarles sus visados de estudiante y enviarlos a casa. Un caso importante que se está desarrollando actualmente se refiere a lo que debe hacerse con los estudiantes de la Universidad de Princeton que están siendo juzgados por delitos que al parecer ocurrieron hace más de un año.
Por lo tanto, la pregunta que uno tiene que hacer a la Administración de Donald Trump no es «¿Qué más tenemos que hacer por Israel?», sino más bien «¿Cuándo va a parar todo esto?». ¿Cuándo empezará Trump realmente a cumplir lo de «Hacer América grande otra vez»? Israel ha sido el receptor de más dinero de los contribuyentes que cualquier otro país, lo que libera el dinero de los multimillonarios judíos para sobornar al Congreso y a los candidatos presidenciales para asegurarse de que el dinero en efectivo sigue fluyendo fuera de los bolsillos de los estadounidenses comunes para llenar los bolsillos de basura humana como Benjamin Netanyahu. Y el dinero en efectivo y los envíos semanales de armas juntos permiten a Israel cometer genocidio contra sus vecinos, algo que la mayoría de los estadounidenses desaprueban, pero como de costumbre en Washington, nadie escucha.
Philip Giraldi, 13 de febrero de 2025
Philip M. Giraldi, Ph.D., es Director Ejecutivo del Council for the National Interest, una fundación educativa deducible de impuestos 501(c)3 (Número de Identificación Federal #52-1739023) que busca una política exterior estadounidense en Oriente Medio más basada en los intereses. Su página web es councilforthenationalinterest.org, su dirección es P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 y su correo electrónico es inform@cnionline.org.
Fuente: https://www.unz.com/pgiraldi/trumps-first-month-panders-to-israel/