Cuestionados gobernantes dando “lecciones” de democracia a Venezuela

Presidentes-latinoamericanos

Manana 20 de mayo de 2018, la administración de Nicolás Maduro vivirá una nueva jornada de elección popular. Un proceso torpedeado por mandatarios y ex presidentes de facto, acusados de delinquir o en cuyo propio suelo se violan diariamente los derechos humanos de sus ciudadanos.

Aunque fue la propia oposición venezolana la que solicitó un adelanto de las elecciones presidenciales, hoy ya no las quieren. Se saben perdedores, piensan muchos. Bajo el argumento de que “no existen garantías electorales”, el Grupo de Lima, por ejemplo, y ex presidentes iberoamericanos legitiman y tutelan a los detractores de la actual administración, en el marco de una agenda guiada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Pero, ¿quiénes son los presidentes que deslegitiman las próximas elecciones en Venezuela? Los encabeza nada menos que Donald Trump, quien se erigió como presidente de Estados Unidos con menos votos que su rival Hillary Clinton.

Trump, Temer, Macri…

Trump, un empresario ultra conservador, supremacista, misógino, antiinmigrantes y figura de la televisión del espectáculo, ha sido cuestionado incluso por su insania mental. Trump las ha emprendido contra Siria -que ha bombardeado en varias oportunidades-, Corea del Norte, Irán, Cuba y Venezuela.

A través de su vicepresidente, Mike Pence, el mandatario norteamericano pidió a la OEA realizar “elecciones reales” en Venezuela, ya que las programadas para este mes serían -dijo- “una estafa”. La respuesta de Nicolás Maduro fue contundente: “El pueblo de Venezuela, llueva, truene o relampaguee, irá a elecciones presidenciales el próximo domingo 20 de mayo”, le espetó.

Otro es Michel Temer, actual presidente de Brasil, quien llegó al cargo sin un solo voto, tras un polémico y controvertido “juicio” contra la ex mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, quien fue destituida por la componenda entre el Parlamento y el Poder Judicial.

Temer fue electo por el Senado brasileño e inició un mandato de facto tras el “golpe parlamentario”.

Aún así, desde esa ilegítima tribuna y obviando que no hubo un ciudadano en Brasil que votara por él como Presidente en un proceso abierto, se despachó la siguiente frase: “Queremos que hayan elecciones libres, con la participación de todos, es importante restablecer la democracia plena en Venezuela”.

En Argentina, Mauricio Macri siguió la misma línea que su par ideológico brasileño. “No vamos a convalidar el resultado electoral del 20 de mayo, no tiene ningún valor esa elección por más que el señor Maduro me insulte. No lo vamos a reconocer como un presidente democrático porque hace rato que no hay democracia en Venezuela”, advirtió el empresario.

Macri representa al sector más conservador de la derecha; partidario de políticas neoliberales a ultranza, es dueño de uno de los grupos económicos más importantes del país.

Se le relacionó con casos de espionaje, demandado por discriminación y por recibir financiamiento de una red de prostitución durante su campaña por la reelección en 2011. Macri y su familia se beneficiaron del gobierno dictatorial de Jorge Rafael Videla en la ejecución de negocios y en la condonación de deudas.

Por otro lado, entre los críticos del sistema electoral venezolano aparece igualmente Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia. Un político, periodista y economista perteneciente a una familia aristocrática, dueña del más importante medio de comunicación impreso de Colombia, el grupo editorial El Tiempo. “Nadie reconocerá las elecciones en Venezuela”, amenazó el Premio Nóbel de la Paz del año 2016.

Fue nombrado nada menos que por el presidente Álvaro Uribe como el jefe de su campaña. Se le acusa de haber encubierto los vínculos del gobierno del ex mandatario con el paramilitarismo y el narcotráfico.

En 2006, como Ministro de Defensa coordinó la Operación Fénix en la que dieron muerte al comandante de las FARC, Raúl Reyes, y a una veintena de civiles.

Piñera, Peña Nieto…

En Chile, Sebastián Piñera Echeñique es un “exitoso” empresario e inversionista que estudió economía en la Universidad Católica, y posee postgrados en la universidad de Harvard en Estados Unidos.

El actual mandatario estuvo involucrado en negocios “fraudulentos” en el Banco de Talca. Tras su quiebra, autoridades judiciales chilenas giraron en agosto de 1982 una orden de aprehensión en su contra por “fraude e infracciones a la Ley de Bancos”. Hoy encabeza un gobierno de centro-derecha que en poco tiempo ha dejado de manifiesto su intención de hacer retroceder derechos sociales ganados por la ciudadanía después de muchos años de exigirlos en las calles, y que ha estado teñido por acusaciones de nepotismo.

Sebastián Piñera podría ser uno de los casos más emblemáticos a la hora de evaluar el cuestionable actuar de los presidentes latinoamericanos. Al bullado caso del Banco de Talca se puede sumar, por ejemplo, lo ocurrido con su holding Bancard, a través del cual realizó negocios con la empresa pesquera peruana Exalmar en momentos en que nuestro país enfrentaba un litigio en La Haya por límites fronterizos entre ambas naciones, que finalmente terminó favoreciendo justamente a compañías como Exalmar. Piñera era entonces la primera autoridad política en Chile.

Como ha ocurrido con los otros presidentes de derecha de este lado del orbe, Piñera se ha involucrado en el proceso democrático venezolano, calificando las elecciones del próximo 20 de mayo como “fraudulentas” y anunciando que Chile no las reconocerá.

En México el presidente Enrique Peña Nieto ha puesto en duda igualmente la democracia venezolana, declarando “se que resolver la crisis de manera pacífica, por medio del restablecimiento de la democracia”.

Peña Nieto proviene de una familia vinculada con ex gobernantes corruptos como Arturo Montiel. De tendencia liberal, su gobierno es también un gran negocio para los empresarios y grupos económicos.

Mientras la mayoría de los mandatarios y medios de comunicación apuntan a lo que consideran “violaciones a los derechos humanos en Venezuela”, se guarda un silencio cómplice frente a los miles de mexicanos que siguen desaparecidos a manos de agentes del Estado y las mafias del narcotráfico y la delincuencia. El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que salieron un día de sus hogares para nunca más regresar, es solo un ejemplo de esa violenta realidad.

También los ex presidentes

Otros países del Grupo de Lima que han solicitado a Trump, la OEA y organismos multilaterales sanciones contra Venezuela, en abierto injerencismo contra el pueblo y el gobierno de Nicolás Maduro, son Canadá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. También son naciones encabezadas por gobernantes de derecha que han seguido al pie de la letra la hoja de ruta del mandatario norteamericano contra el gobierno bolivariano. Lo propio ha hecho la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE).

En su último encuentro, el Grupo de Lima rechazó la convocatoria de las elecciones presidenciales de Venezuela. A lo anterior se suman los 31 ex presidentes iberoamericanos que firmaron la llamada “Declaración de Panamá”, una pieza de propaganda en contra del gobierno de Maduro.

Entre los firmantes se encuentran los ex presidentes Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Jorge Quiroga, Fernando Henrique Cardoso, Ricardo Lagos Escobar, Belisario Betancur, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Luis Alberto Monge, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, Lucio Gutiérrez, José María Aznar, Vicente Fox, Felipe Calderón, Alejandro Toledo, Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle, entre otros, muchos de ellos cuestionados por casos de “corrupción” y de “violaciones a los derechos humanos”.

Este próximo 20 de mayo el gobierno de Venezuela intentará legitimar nuevamente a través de las urnas el proceso revolucionario impulsado por Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro. Será una nueva oportunidad para que todos estos cuestionados líderes reaparezcan y realcen la importancia de esa misma democracia que en sus propias naciones es manoseada y golpeada día a día.

 

Arnaldo Pérez Guerra, 9 mayo 2018

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