Ordenan detención inmediata de Lula da Silva
El poder judicial brasileño ordenó la detención judicial del ex presidente y candidato presidencial Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva.
El ex mandatario tendrá plazo hasta las 5:00 de la tarde de este viernes 6 de abril de 2018 para presentarse de manera voluntaria a la sede de la Policía Federal en Curitiba.
El juez brasileño Sergio Moro ha emitido este jueves una orden de prisión contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, después de que el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil rechazara el habeas corpus presentado por la defensa del exmandatario.
El magistrado permite que Lula se presente voluntariamente a la Policía Federal de Curitiba, en el sur del país, en un plazo máximo de 24 horas.
De acuerdo a la orden, Lula da Silva cumplirá condena en “una sala reservada” en la superintendencia de la Policía Federal, separado de los demás presos, en “razón de la dignidad del cargo ocupado” por el ex mandatario.
“Al condenado, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, le concedo, en atención a la dignidad del cargo que ocupó, la oportunidad de presentarse voluntariamente a la Policía Federal en Curitiba hasta las 17.00 (hora local, 20.00 GMT), del día 06/04/2018, cuando deberá ser cumplido el mandato de prisión”, ha señalado Moro en su decisión.
El magistrado brasileño también ha prohibido que Lula da Silva utilice “esposas en cualquier hipótesis”.
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La causa contra el exmandatario brasileño es parte del megacaso Lava Jato (lavado a presión, en español), que reveló una trama de corrupción alrededor de la empresa estatal Petrobrás y un compendio de sobornos pagados a dirigentes políticos por parte de la constructura Odebrecht.
Al líder del Partido de los Trabajadores (PT) lo acusan de aceptar un lujoso departamento triplex, frente a la playa, en el Condominio Solaris, en Guarujá (municipio del estado de San Pablo), a cambio de beneficiar a la constructora OAS en sus contratos con la estatal petrolera. Sin embargo, durante el juicio no se logró demostrar que Lula sea el propietario del inmueble, y tampoco se ha identificado cuál sería el acto o la omisión que habría dado origen al recibimiento del inmueble.
Por ese hecho, a Lula se le ha acusado bajo el cargo de corrupción pasiva, delito que supone que un funcionario público realiza o deja de cumplir un acto de su competencia a cambio de algún beneficio. Bajo ese alegato, fue condenado el año pasado a nueve años de prisión por un juez de primera instancia; la condena, revisada por un tribunal de apelación, fue confirmada en enero y elevó la pena a 12 años y un mes de cárcel.
