El Tesoro estadounidense se ha convertido en una potencia política que ‎trabaja en coordinación con el Pentágono – por Thierry Meyssan

El representante demócrata Eliot Engel y el senador republicano James Risch acaban de ser ‎elegidos para presidir las comisiones de Relaciones Exteriores en sus cámaras respectivas.‎

En Washington, la prueba de fuerza entre los jacksonianos –representados por el equipo del ‎presidente Donald Trump– y los imperialistas –o sea, la clase política tradicional estadounidense– ‎podría llevar el Congreso que acaba de iniciar su mandato no sólo a tratar de arrinconar al ‎presidente sino también a desempeñar un papel más importante en materia de política exterior. ‎

Este Congreso acaba de elegir a James Risch (republicano por el Estado de Idaho) para presidir la ‎Comisión senatorial de Relaciones Exteriores y a Eliot Engels (demócrata por Nueva York) como ‎presidente de la comisión equivalente en la Cámara de Representantes. Risch y Engels no están ‎de acuerdo en nada, sólo en su férreo respaldo al Pentágono y a Israel y en el odio que ambos ‎sienten contra Siria. ‎

James Risch es un republicano de la vieja escuela mientras que Eliot Engels es lo que los franceses ‎llamarían un «bobo» (burgués bohemio) de Nueva York. Sus posiciones incoherentes y ‎contradictorias entre sí serán bien acogidas por las diferentes comunidades étnicas que pueblan ‎su circunscripción. Pero lo más importante es que fue él quien presentó en 2003 la Syria ‎Accountability and Lebanese Sovereignty Restoration Act, o sea la declaración estadounidense de ‎guerra contra Siria. ‎

Desde la sesión de apertura e incluso de haber electos para presidir las ya mencionadas ‎comisiones, el 3 de enero de 2019, Risch y Engels presentaron cada uno a sus respectivas ‎asambleas un proyecto de ley (S.1 y H.R. 31), con un pasaje casi idéntico cuyo objetivo es impedir ‎la reconstrucción en Siria. Los dos parlamentarios estadounidenses fingen creer que las ‎fotografías que aparecen en el llamado «Informe Cesar» muestran los cadáveres de personas ‎torturadas por el «régimen de Bachar» (el gobierno de la República Árabe Siria), en vez de ‎víctimas de los yihadistas (los llamados «rebeldes moderados»). Así que pretenden castigar al ‎pueblo sirio por haber respaldado a quienes ellos califican de «torturadores» en contra de los ‎verdaderos torturadores [1]. ‎

De esa manera, Risch y Engels dan continuación a la estrategia implantada por Jeffrey Feltman en ‎su época de embajador de Estados Unidos en Líbano. En 2005, Feltman creó un «Tribunal ‎Especial» para juzgar al presidente sirio Bachar al-Assad, supuestamente culpable –según ‎el propio Feltman y una serie de testigos remunerados– de haber ordenado el asesinato del ‎ex primer ministro sirio Rafic Hariri. Ayer acusado de «asesino», Assad es acusado ahora de ‎‎«torturador». ‎

Es para todos evidente que, más allá de los pretextos históricos, estos proyectos de ley también ‎aplican en derecho estadounidense la estrategia definida por el mismo Jeffrey Feltman cuando ‎dirigía el departamento político de la ONU. En una nota secreta [2] redactada en octubre de 2017, este ‎ex asistente de Hillary Clinton impartía a todas las agencias de la ONU la orden de abstenerse ‎en general de prestar ayuda a los civiles sirios y de hacerlo únicamente en situaciones de ‎emergencia y a corto plazo. También prohibía toda ayuda a mediano o largo plazo que permita ‎reconstruir el país. Al redactar esa directiva, Jeffrey Feltman asumía prerrogativas que no tenía. ‎Además, Feltman redactó esa directiva a espaldas de los países miembros de la ONU, incluyendo ‎a los miembros del Consejo de Seguridad. La existencia de esa directiva fue revelada 10 meses ‎después por el ministro ruso de Exteriores, Serguei Lavrov, el 20 de agosto de 2018 [3]. ‎

Esta estrategia apunta claramente a perseguir el objetivo que el presidente Barack Obama y su ‎secretaria de Estado Hillary Clinton trataron de alcanzar durante los 7 años de guerra ‎contra Siria. Como la presencia rusa en Siria hace imposible la consecución de ese objetivo por ‎la vía militar, ahora se trata de hacerlo por la vía financiera. No se trata de derrocar al ‎presidente Assad –sólo Arabia Saudita llegó a plantearse esto último como objetivo de guerra– ni ‎tampoco de derrocar la República Árabe Siria –sólo ciertas ex potencias coloniales se plantearon ‎esto como objetivo de guerra– sino de debilitar al máximo el Estado sirio, como se plantea en la ‎doctrina Rumsfeld-Cebrowski.‎

Lo que el senador James Risch y el representante Eliot Engels están preparando contra Siria es ‎lo que ya está haciendo la Unión Europea, otra muestra de que no es una política concebida por ‎los parlamentarios estadounidenses. En efecto, el 21 de enero de 2019, el consejo de ministros ‎de Exteriores de los países miembros de la Unión Europea impuso sanciones contra las personas y ‎empresas a cargo del proyecto constructivo Mariota City, una nueva ciudad que sería edificada en ‎la periferia de Damasco, la capital siria [4]. Exceptuando una, ninguna de las personas sancionadas por la Unión Europea ‎estuvo implicada en acciones de guerra ni mucho menos en acusaciones sobre casos de tortura. ‎Se trata simplemente de civiles implicados en un importante proyecto de reconstrucción de ‎su país. ‎

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El Pentágono y el Departamento del Tesoro

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Desde el año 2001, el Tesoro estadounidense se ha convertido en una potencia política que ‎trabaja en coordinación con el Pentágono. El Tesoro se ha dotado, en efecto, de poderes ‎sorprendentes mediante la creación de una jurisprudencia que le permite extender a otros países ‎la aplicación de las leyes de Estados Unidos, bajo el pretexto de que ciertas transacciones ‎internacionales se efectúan en dólares estadounidenses. Pero eso no es la ley sino la ‎interpretación que ahora hacen de la ley los tribunales estadounidenses. Simultáneamente, ‎el Tesoro ha ido creando una serie de herramientas financieras que le permiten castigar a ‎personas, empresas y Estados con una crueldad que nadie había alcanzado antes. El ejemplo más ‎terrible son las sanciones que ha ido imponiendo contra Irán desde 2005. ‎

Contrariamente a lo que afirma su propaganda, cuando el Tesoro estadounidense aplica ‎sanciones contra un Estado, no está condenando a ese Estado ni a sus dirigentes, pero priva a la ‎población de ese Estado de todo contacto económico con Occidente. Paradójicamente, ‎las víctimas de esas sanciones han aprendido a burlarlas con ayuda de ciertos aliados de ‎Estados Unidos. ‎

Por ejemplo, en el caso de Irán, Emiratos Árabes Unidos se convirtió en un centro de lavado de ‎dinero del comercio prohibido por las sanciones estadounidenses. El entonces presidente iraní ‎Mahmud Ahmadineyad supo dotarse de miles de intermediarios a través del mundo para esconder ‎el comercio que realizaba la República Islámica. Su sucesor, el actual presidente iraní Hassan ‎Rohani, cerró esas vías de intercambio a través de intermediarios… pero tuvo que reabrirlas ‎urgentemente cuando Estados Unidos decidió retirarse del acuerdo 5+1 y reimplantar las ‎sanciones. Estas sanciones pueden ser extremadamente crueles, como las implantadas contra los ‎huthis en Yemen, donde han provocada una mortífera hambruna. ‎

Es importante recordar que esas sanciones políticas no tienen en la mayoría de los casos ‎nada que ver con las que adopta el Consejo de Seguridad de la ONU, y son por consiguiente ‎ilegales a la luz del derecho internacional. Se trata de actos de guerra comparables a los asedios ‎de la Edad Media [5]. ‎

Hoy en día, el Tesoro estadounidense mantiene en aplicación sanciones de ese tipo contra ‎Bielorrusia, Burundi, Corea del Norte, Cuba, Irán, Libia, Nicaragua, la República Centroafricana, la ‎República Democrática del Congo, Rusia, Sudán, Siria, Venezuela y Zimbabwe, países soberanos a ‎los hay que agregar entidades como las Repúblicas Populares de la región de Donbass (en ‎Ucrania), el Hezbollah libanés (debido a sus relaciones con Irán) y los huthis (en Yemen), entre ‎otras.‎