El PSOE nombrará “inquisidores” políticos para integrar la ‘Comisión de la Verdad’ que prevé crear en la nueva Ley de Memoria Histórica que Sánchez trabaja para aprobar vía “decretazo”.
Dicho comisionado estará integrado por un total de once miembros que serán nombrados por el Parlamento, de los cuales 3 serán a propuesta de ambas cámaras (Congreso y Senado); 2 a instancias del Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado y Consejo General de la Abogacía; 1 designado por el Consejo de Universidades; 3 más a propuesta de las asociaciones de víctimas; y, los dos restantes “expertos internacionales propuestos por el Grupo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”.
En su conformación habrá de tenerse en cuenta el cumplimiento de la cuota paritaria “siendo necesariamente seis comisionados de un sexo y cinco del otro” y la Presidencia de la Comisión será elegida por consenso de entre todos los miembros políticamente designados.
La ley de Sánchez prevé en su artículo 50 que serán competentes para la incoación y resolución de los expedientes sancionadores por las infracciones tipificadas en la Ley de Memoria Histórica: “Tratándose de infracciones muy graves, la persona titular del Ministerio competente en materia de memoria democrática; y tratándose de infracciones graves y leves, la persona titular de la Dirección General competente en materia de memoria histórica”.
El texto contempla un régimen de infracciones, de leves a muy graves con sanciones aparejadas que serán aplicadas sin juicio previo.
El anteproyecto de reforma de la Ley de Memoria Histórica que el pasado mes de diciembre registraron los socialistas -y que Ciudadanos y Partido Popular vetaron en el Congreso- amplía considerablemente el campo de acción y los castigos aplicables en virtud de la misma, frente a la vigente Ley 52/2007, de 26 de diciembre -aprobada durante la etapa en que Rodríguez Zapatero era presidente del Gobierno-.
Quienes “justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión el franquismo” podrían enfrentarse a penas de prisión de hasta 4 años, que se acompañarían de inhabilitación especial para el empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante hasta 15 años, en el caso de los funcionarios y/o autoridades públicas.
En el caso de los docentes “la pena de inhabilitación especial” prevista para el ejercicio de la “profesión u oficio educativos” asciende a entre tres y diez años a aplicar sobre “la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia”.
La Comisión de la Verdad
El PSOE basa íntegramente su anteproyecto para la reforma de la Ley de Memoria Histórica -que Sánchez se propone aprobar vía “decretazo”- y las correspondientes sanciones que puedan derivarse de su incumplimiento, tras la entrada en vigor de la misma, en una interpretación de la historia que vendrá determinada por la ‘Comisión de la Verdad’.
La comisión será un “órgano temporal y de carácter no judicial con la finalidad de conocer la verdad de lo ocurrido” y estará integrada, entre otros, por “profesionales de distintas disciplinas como historiadores, psicólogos, investigadores universitarios, expertos en violencia de género, defensores de derechos humanos o miembros de grupos memorialistas”.
Los resultados de los estudios que les serán encomendados, basarán sus conclusiones en recogida de testimonios y material gráfico entre 1936 y 1978 -desde el comienzo de la Guerra Civil y hasta la aprobación de la Constitución- y contribuirán a la “construcción colectiva de la memoria democrática española”. Todos ellos serán remitidos al Congreso de los Diputados para su aprobación y tendrán carácter vinculante.
Maria Jamardo, 14 julio 2018
