Los ‘vuelos de la muerte’ de la dictadura militar argentina: el caso Scilingo
El escondite de Scilingo en Madrid: así disfruta su libertad el argentino de “los vuelos de la muerte”.
Secuestraban a todos aquellos que consideraban contrarios al régimen. Les torturaban durante días, semanas o meses. Luego les drogaban para dejarlos seminconscientes y les subían engañados en aviones. Cuando sobrevolaban el océano, abrían la compuerta y les lanzaban desnudos al vacío. Aquello recibió el nombre de “los vuelos de la muerte”.
Condenado por lesa humanidad tras tirar desde un avión al vacío a 30 personas, lleva 26 salidas de la cárcel con su familia en un pequeño pueblo de la sierra.
Por su participación en estas prácticas de la represión militar argentina el excapitán de corbeta Adolfo Francisco Scilingo Manzorro fue condenado en España a 1.084 años de cárcel por lesa humanidad. Hoy, cuarenta años después, es un anciano de 71 años que disfruta de la libertad que le permiten sus permisos penitenciarios escondido en un pequeño pueblo de la sierra madrileña.
Es media tarde en esta población de varios miles de habitantes donde casi todo el mundo se conoce. Generalmente los vecinos se saludan por su nombre. Sin embargo, casi nadie en el lugar sabe que entre ellos se halla un activo represor de la dictadura militar que sembró de terror y muerte Argentina entre los años 1976 y 1983. Da la casualidad de que en la pequeña localidad viven varias familias argentinas y Scilingo fue lo bastante conocido en su país como para pasar desapercibido del todo. Han transcurrido muchos años, pero sus cejas oscuras conservan intacta una mirada profunda, casi desafiante.
“Todos los miércoles se hacía un vuelo y se designaba en forma rotativa distintos oficiales para hacerse cargo de esos vuelos. Los que el día antes se les elegían para morir, se les llevaba al aeropuerto dormidos o semidormidos mediante una leve dosis de un somnífero haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del Sur. Una vez en vuelo, se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se les desvestía y, cuando el comandante daba la orden, se les arrojaba al mar uno por uno”. De este modo, con gesto tranquilo, confesó en 1996 sus crímenes Adolfo Scilingo en una entrevista televisiva de fácil acceso en youtube.
Admitió que participó en al menos dos de esos vuelos en los que arrojaron a 13 y 17 personas, respectivamente. En el segundo, durante las maniobras, se resbaló y a punto estuvo de caer al mar junto a sus víctimas de no ser porque uno de sus compañeros le rescató a tiempo. Dijo que tras aquella experiencia no volvió a ser el mismo y que se entregó al alcohol. Cuando llegó a España fue ingresado en prisión. “Estoy donde tengo que estar, no sólo yo, sino un montón de gente más”, dijo en este caso a TVE.
Corría el año 1997 y el represor había sido invitado a participar en un programa de esa cadena, pero en lugar de acudir al plató fue detenido, interrogado por el exjuez Baltasar Garzón y encarcelado. Entre las víctimas de aquel periodo se cuentan 600 españoles. Hoy la versión de Scilingo es muy distinta, niega los hechos.
Mayo de 2018, una tormenta primaveral ha dejado mojadas las calles y las paredes de piedra de las casas de este pequeño pueblo madrileño. Es media tarde cuando el exmilitar decide salir de su escondite en el que pasa buena parte de su permiso penitenciario cuando no está en Madrid visitando a su abogado. Scilingo camina erguido, pero lento. Avanza a pequeños pasos. Tan sólo permanecerá a la vista de todos unos minutos. El tiempo justo para acercarse a una tienda de ultramarinos regentada por ciudadanos chinos en la que además se venden artículos para mascotas.
Viste unos pantalones de pinzas color beige, camisa clara y zapatos oscuros. Lleva unas gafas de ver colgadas sobre el cuello. Compra algo y emprende rápidamente el camino de vuelta a casa. Son unos cien metros de distancia. No se detiene a hablar con nadie. No han transcurrido ni diez minutos cuando vuelve a cruzar una puerta de hierro negro y sube las escaleras del portal que conducen al primer piso. Allí vive junto a su mujer, su hija y varios nietos, según los vecinos. Es una casa modesta en un edificio de color rojizo sobre un supermercado y otros negocios locales.
Nacido en Bahía Blanca el 28 de julio de 1946, acababa de cumplir 30 años cuando llegó a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires, quizá el más siniestro de los cerca de 340 centros de detención y tortura que los militares establecieron por todo el país. Se incorporó unos días antes de las Navidades de 1976 y desde el inicio mostró su deseo de integrar el temido Grupo de Tareas 3.3.2., el más activo. Tuvo que conformarse con el puesto de jefe de electricidad y posteriormente con el departamento de automoción. Eso le permitió conocer muchos secretos de la ESMA.
Según el relato de los hechos probados que recoge la sentencia del Tribunal Supremo, subió en diez ocasiones a la “capucha”, el último piso del edificio donde retenían en las peores condiciones a los últimos secuestrados en llegar. Les cubrían la cabeza durante días para que perdiesen toda noción del espacio y el tiempo, les esposaban y les tendían en el suelo sumidos en una oscuridad nauseabunda. Hace unos años se discutió la conveniencia de rehabilitar las paredes de ese centro, ahora convertido en un museo de la memoria. Se decidió no hacerlo porque sus muros aún pueden contener pistas grabadas a mano por alguna víctima durante su cautiverio.
En la “capucha” vio Scilingo por primera vez a una embarazada entre los secuestrados. Se llamaba María Marta Vázquez Ocampo. Nunca más se volvió a saber nada de ella. Era habitual que los militares permitiesen dar a luz a las mujeres que llegaban en estado. Luego eran asesinadas y sus hijos entregados a matrimonios afectos al régimen que no podían procrear. Cómo responsable de los vehículos de la ESMA, prestaba aceite de quemar o gasoil para los llamados “asados”, eufemismo para referirse a la incineración de los cadáveres. En la misma sentencia se relata una comida en la que un médico explica a varios comensales, entre ellos Scilingo, que cuando los cuerpos se retuercen durante la incineración, no es que sigan vivos, sino que es una reacción del cuerpo al calor de las llamas. Todo eso era la ESMA.
Scilingo sabía a lo que iba porque fue uno de los 900 oficiales que acudieron a la reunión del cine del Puerto Belgrano en marzo de 1976 convocados por el almirante Luis María Mendía. Allí se les explicó que el objetivo era combatir todo lo que fuera “contrario a la ideología occidental y cristiana”. Se explicaron las líneas generales de la actuación: se actuaría con ropa de civil, operaciones rápidas, interrogatorios intensos, práctica de torturas y sistema de eliminación física mediante vuelos sin destino, si bien la muerte así producida sería “cristiana” puesto que la gente sería previamente narcotizada. Se estaban sentando las bases del llamado Proceso de Reorganización Nacional.
Scilingo ahora huye de los periodistas. Deja que sea su mujer la que abra la puerta de casa para decir que “él ahora no está” o que “no volverá hasta la noche”. Se preocupa de abrir la puerta lo justo y evitar que el extraño pueda ver a su marido en el interior de una casa modesta. El exmilitar rechaza por tanto la invitación de Vozpópuli a participar en este reportaje y poder hablar sobre su arrepentimiento, sus víctimas. Ofrecer algún dato sobre aquella embarazada llamada María Marta Vázquez Ocampo. Evitó una vez más la oportunidad para aportar los nombres de quienes, según dijo, deberían también estar en prisión y nunca fueron detenidos.
En lugar de eso, su mujer indica que se encuentra tratando de poner fin a su condena que, según fuentes penitenciarias, termina en 2024. En 2019 ya podría optar a la libertad condicional. Pero “El Tribunal Supremo se pronunciará pronto, habrá novedades”, dice su esposa desde el marco de la puerta esbozando una ligera sonrisa, como si supiera algo que no quiere desvelar. Fuentes jurídicas informan a Vozpópuli que lo que busca Scilingo es la anulación de la sentencia, firme desde 2007. Para ello recurre, según las mismas fuentes, a la desclasificación de informes de la inteligencia argentina que, a su juicio, le exculpan de los crímenes que él mismo reconoció ante las cámaras de televisión.
Hace tres años, el diario El País publicó que el juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, había rechazado la petición de Scilingo de acceder al tercer grado, lo que le permitiría salir a diario de prisión menos los fines de semana. El magistrado se basaba en que no reconoce plenamente los hechos por los que se le condenó. Alega el preso que la sentencia no detalla ni las fechas de los dos vuelos de la muerte en los que participó ni los nombres de sus víctimas, por lo que de ese modo no puede dirigirse a nadie para mostrar su arrepentimiento.
Mientras tanto, disfruta de permisos penitenciarios como el que le mantiene estos días lejos de la cárcel de Alcalá de Henares donde cumple su pena. Al estar clasificado en segundo grado penitenciario tiene derecho a solicitar un total de 36 días al año repartidos en tramos no superiores a los 7 días. Según las mismas fuentes, en los últimos años ha disfrutado de 26 salidas, gracias a los informes favorables sobre su conducta que elabora la Junta de Tratamiento de la cárcel. Todos ellos los ha cumplido sin incidentes, una actitud que mantiene dentro de la prisión donde cuenta con un trabajo remunerado.
Cuando sale del centro penitenciario acude a su modesta casa de color rojizo. No participa de la vida del pueblo que en esta primavera empieza a arremolinarse en las terrazas de la cafetería. El ambiente se mantiene hasta que la brisa del anochecer procedente de las montañas aun con las cimas nevadas enfría el ambiente. Su foto actual no resulta familiar ni en los bares, ni en la panadería que hay cerca de su casa. Tampoco en la sucursal de lotería, algo así como el centro neurálgico del municipio. Vive como un fantasma, recluido sin apenas dejarse ver y a los pocos días regresa a la cárcel hasta su próximo permiso.
Finalizada la dictadura, se creó la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (C.O.N.A.D.E.P.), que culminó su tarea de investigación el 20 de septiembre de 1984, publicando el 28 de noviembre un informe, conocido como “Nunca más” en el que se señalaban con precisión 8.961 personas desaparecidas. La sentencia del Tribunal Supremo que elevó la pena de 640 años que inicialmente le había impuesto la Audiencia Nacional, recogía el siguiente pasaje:
“Allí estaba preparada la gente que iba a volar, a ser ‘trasladada’. El número de personas era 25 o 27. En ese momento les inyectaron la primera dosis de pentotal. Les dijeron que tenían que estar contentos pues iban a ser pasados al Poder Ejecutivo Nacional, es decir, iban a adquirir la condición de detenidos legales lo que conllevaba que sus familiares conocerían de su paradero y tendrían los derechos inherentes a cualquier detención. Para que lo celebrasen y como una especial broma macabra les hicieron bailar con música brasileña”.
