¿Quién ha robado las elecciones presidenciales de 2020? – por Philip Giraldi

Antony Blinken y otros tienen mucho por lo que responder

La corrupción en la que incurre la cúpula del Partido Demócrata parece no tener fin y nunca se exigen responsabilidades a nadie. Un informe reciente describía cómo Michael Morell, exdirector en funciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), se confabuló con Antony Blinken, que entonces era un alto cargo de la campaña presidencial de Joe Biden en 2020, para preparar y encontrar firmantes de una carta destinada a desacreditar a quienes trataban de explotar el incipiente escándalo del portátil Hunter Biden, que amenazaba con causar un daño real a las perspectivas electorales de Biden. Siguiendo los pasos de la campaña de Hillary Clinton en 2016, que trató de utilizar información inventada del dossier Steele para desprestigiar a Donald Trump y a algunos de sus asesores, Blinken sugirió a Morell que promoviera el argumento de que la historia del portátil implicaba a Rusia y debía descartarse como poco más que una operación de desinformación ordenada por el presidente Vladimir Putin. En ese momento, no había ninguna prueba que sugiriera que Rusia hubiera tenido algo que ver con la difusión de información falsa sobre Hunter Biden o su ordenador portátil, pero eso se consideró irrelevante.

La conspiración para utilizar una narrativa falsa con el fin de influir corruptamente en el resultado de las elecciones, porque eso es lo que era, se reveló recientemente en el testimonio de Morell ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, dirigido por el representante republicano Jim Jordan. Morell describió cómo había sido decisivo para convencer a otros 50 antiguos colegas de la comunidad de inteligencia y seguridad nacional para que firmaran la carta que él había redactado. Morell dijo al comité que Blinken, actuando para la campaña de Biden, ayudó a elaborar la estrategia sobre el momento y la distribución para la publicación de la carta y describió cómo sus dos objetivos al redactar y publicar la declaración eran «ayudar al entonces Vicepresidente Biden en el próximo debate presidencial y ayudarle a ganar las elecciones».

Es de suponer que Morell, conocido por su ambición e implacabilidad, podría haber esperado que Biden le nombrara jefe de la CIA cuando llegara el momento de repartir recompensas una vez terminadas las elecciones. En cuanto a sus propias ambiciones e inclinaciones políticas, uno recuerda cómo en 2016 Morell escribió un artículo de opinión en el New York Times que fue recogido a nivel nacional y que titulaba «Dirigí la CIA: ahora apoyo a Hillary Clinton».

En virtud de la explotación de sus propias conexiones de alto nivel dentro de la Agencia, cinco de los firmantes de la carta de Morell eran antiguos directores de la CIA. La carta incluía la afirmación de los firmantes de que tenían «profundas sospechas de que el Gobierno ruso ha desempeñado un papel importante en este caso… Si estamos en lo cierto, se trata de Rusia intentando influir en el voto de los estadounidenses en estas elecciones, y creemos firmemente que los estadounidenses deben ser conscientes de ello». Concluyó que las acusaciones de los portátiles mostraban «todas las características clásicas de una operación de información rusa».

Una vez preparada la carta, Blinken aconsejó a Morell sobre el momento más ventajoso para enviarla, seleccionando una fecha cercana a las elecciones para que tuviera el máximo impacto. La propia historia del portátil había aparecido en el New York Post el 14 de octubre, revelando correos electrónicos que demostraban cómo el vicepresidente Joe Biden parecía haber presionado a funcionarios ucranianos para que despidieran a un fiscal que investigaba la corrupción en la empresa energética Burisma. Joe se reunió con un alto cargo de la empresa, lo que condujo a la concesión de un puesto de sinecura en el consejo de Burisma a su hijo Hunter, traficante de influencias, que le pagaba 50.000 dólares al mes. El material también incluido en el portátil revelaba la bajeza moral de Hunter y su consumo de drogas.

La refutación de Morell apareció en Politico cinco días después, dos semanas antes de las elecciones, el 19 de octubre, y fue recogida por los principales medios de comunicación de todo Estados Unidos. Joe Biden también utilizó el material en su debate con Trump el 22 de octubre, acusando a Moscú de apuntar a su hijo en una elaborada operación de propaganda, afirmando que la historia del portátil era «basura» y parte de un «plan ruso». Biden se refirió a las numerosas firmas de la carta de la comunidad de inteligencia para declarar que «nadie cree» que el portátil sea real. Y el desmentido tuvo un verdadero impacto en la campaña. Tras la publicación de la carta de Morell, casi todas las principales plataformas de medios de comunicación sociales y de noticias que habían permitido enlazar o debatir la historia del portátil Hunter censuraron completamente el material o limitaron el acceso al mismo, al tiempo que publicaban advertencias de que la historia había sido desacreditada por expertos bien informados. También hay que considerar cómo la carta Blinken-Morell alimentó la falsa percepción de que Rusia y Putin estaban apoyando a Trump a través de medios clandestinos y solapados.

El periodista de investigación Jim Bovard, que escribe en el New York Post, informa irónicamente de cómo el Secretario de Estado Antony Blinken, en el discurso de clausura de la Cumbre para la Democracia del mes pasado, «proclamó piadosamente» que «como ha dicho el Presidente Biden, la democracia no se produce por accidente. Requiere un esfuerzo constante». Y poco después de convertirse en Secretario de Estado, Blinken tuvo el descaro de afirmar que el gobierno estadounidense no esconde los problemas «bajo la alfombra… Los tratamos a la luz del día, con total transparencia». De hecho, Blinken pudo haber sido recompensado por Biden con su puesto en el gabinete tras su exitosa intervención, plausiblemente ilegal. Al parecer, también fue recompensada una firmante de la carta de Morell: Avril Haines, que ahora es Directora de Inteligencia Nacional.

Sin duda, el «honorable» Secretario de Estado Antony Blinken debería presentar ahora su dimisión por la revelación de su flagrante y posiblemente exitoso intento de cambiar el resultado de unas elecciones conspirando para corromper el proceso electoral con información falsa para influir en los votantes. Bovard opina cómo la carta de Morell desactivó lo que se había convertido en «la mayor amenaza para la campaña presidencial de Biden… Las encuestas muestran que Biden habría perdido las elecciones si los medios de comunicación hubieran informado con exactitud del contenido de ese portátil».

Y hay más en la historia de Hunter Biden y la mano corrupta del gobierno. Un empleado del IRS se ha convertido recientemente en denunciante y declaró que su Agencia se ha estado moviendo con lentitud en una investigación de Hunter con respecto a la evasión fiscal relativa a los ingresos extranjeros derivados en gran parte de Ucrania y China. Y afirma que otro alto funcionario nombrado por Biden está implicado en la lentitud por motivos políticos. Nada menos que el fiscal general Merrick Garland ha sido identificado como el alto funcionario anónimo cuyo testimonio bajo juramento ante un comité del Congreso está siendo cuestionado en una carta del abogado del denunciante que alega encubrimiento de la investigación penal de Hunter Biden. El abogado Mark Lytle escribió que el antiguo empleado del IRS desearía proporcionar información a los líderes del Congreso para «contradecir el testimonio jurado ante el Congreso de un alto cargo político» —ahora identificado como Garland— y también para proporcionar detalles del supuesto «trato preferente» en la investigación penal de Hunter.

Una historia más podría ilustrar hacia dónde se dirige este país bajo Joe Biden y compañía, donde el partido y los intereses personales son lo único que importa a unos dirigentes que consideran la «integridad» una mala palabra. De hecho, el gobierno se ha vuelto cada vez más intolerante con los discursos o escritos que de alguna manera desafían su poder, exponen su corrupción, revelan sus mentiras y alientan a la ciudadanía a resistirse a las extralimitaciones del gobierno. La Administración Biden ha acusado recientemente a cuatro estadounidenses de conspiración para difundir propaganda rusa y de actuar como agentes rusos no registrados en virtud de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) de 1938. Los cuatro son miembros del Partido Socialista Popular Africano, que ha criticado y se ha opuesto a la política exterior estadounidense desde 1971 y actualmente está en contra de la promoción por Washington de la guerra contra Rusia en Ucrania. Se enfrentan potencialmente a 15 años de prisión. Esta explotación de «guerra legal» bastante plausiblemente inconstitucional no es nada nuevo, ya que en mi propia experiencia el Departamento de Justicia (sic) se ha estado moviendo para silenciar a los estadounidenses que escriben para los sitios de noticias rusas amenazándolos con enormes multas o incluso prisión. Se trata de una tendencia que, por desgracia, no es exclusiva de ninguna administración presidencial en particular y que ha ido en aumento desde el 11-S, aunque se ha agravado mucho más con Joe Biden y Merrick Garland. En ningún caso que yo conozca ninguno de los presionados o acusados ha estado recibiendo realmente dirección o beneficios secretos del gobierno ruso.

Todo ello significa que la definición de discurso o escrito ilegal se ha ampliado considerablemente en los últimos tiempos. La Administración Biden ha estado librando una activa campaña para erradicar lo que ha decidido llamar «desinformación», para incluir a quienes supuestamente comparten «narrativas y teorías conspirativas falsas o engañosas, y otras formas de desinformación y mala información» con los terroristas. De hecho, el gobierno de Estados Unidos es el mayor proveedor de desinformación del mundo, lo que incluye la adopción de la práctica israelí de definir como terrorista a cualquiera que se resista a la hegemonía estadounidense. Por ejemplo, así es como el Departamento de Justicia etiqueta a los llamados supremacistas blancos como «terroristas domésticos».

Y, por supuesto, el gobierno está siendo asistido y protegido debido al hecho de que casi todas las historias negativas sobre Biden y su equipo han sido previsiblemente suprimidas por los principales medios de comunicación, que se han convertido de facto en socios del programa de desinformación de la Casa Blanca. Considérense, por ejemplo, las revelaciones de Seymour Hersh sobre el espantoso «acto de guerra» de la destrucción del gasoducto Nord Stream y la corrupción en Ucrania, o la revelación de desinformación sobre la propia guerra en Ucrania expuesta por el filtrador Jack Teixeira, o los biolaboratorios en Ucrania, o las incesantes mentiras que denigran a Rusia y a sus dirigentes. ¿Y a dónde se acude para criticar legítimamente la temeraria intervención directa en Ucrania impulsada por la Casa Blanca, que podría llegar a ser nuclear, aunque no responda a ningún interés nacional real? ¿O la irreflexiva amenaza a China sobre Taiwán? ¿Y qué hay del Departamento de Estado que utiliza embajadas en el extranjero para promover el «woke-ismo» en lugar de proteger a los viajeros e intereses estadounidenses? Todas estas historias están dirigidas y disminuidas deliberadamente, se han ido o se van, para nunca volver a ser vistas.

Así que no debería sorprender a nadie que la Casa Blanca y los medios de comunicación estén ahora mismo intentando acabar con la exposición de cómo Blinken y Morell dieron la vuelta a la historia del portátil de Hunter porque eso confirmaría las sospechas de que Joe Biden puede haber robado realmente las elecciones de 2020. Y la historia de fondo es que el material fabricado plantado por las campañas de Clinton y Biden en 2016 y 2020 sólo tuvo éxito debido a la renuncia de los medios de comunicación de su papel tradicional como expositor de crímenes y evasiones del gobierno. La falsa carta de inteligencia de Morell y sus posibles consecuencias es un escándalo de enormes proporciones que alguna vez habría terminado en dimisiones, destituciones y mucho tiempo en la cárcel para todos los involucrados, pero Michael Morell y Antony Blinken ni siquiera han sido tocados o siquiera entrevistados por el FBI. Tampoco los otros cincuenta títeres de la seguridad nacional que firmaron las afirmaciones hechas en un documento que debían saber que era fabricado por razones políticas han experimentado ninguna incomodidad. No tienen vergüenza y son todos una vergüenza para el juramento de lealtad a la Constitución que una vez hicieron. Y el peligro real es que si el gobierno y los medios de comunicación despistados siguen pudiendo enterrar las historias que no aprueban, Estados Unidos dejará de ser una democracia funcional y cada elección será poco más que una farsa.

Philip Giraldi, 2 de mayo de 2023

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Philip M. Giraldi, Ph.D., es Director Ejecutivo del Council for the National Interest, una fundación educativa deducible de impuestos 501(c)3 (Número de Identificación Federal #52-1739023) que busca una política exterior estadounidense en Oriente Medio más basada en los intereses. Su página web es councilforthenationalinterest.org, su dirección es P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 y su correo electrónico es inform@cnionline.org.

Fuente: https://www.unz.com/pgiraldi/who-stole-the-2020-presidential-election/

Traducido por ASH para Red Internacional