Los pobres de Europa dicen basta a la inmigración masiva
Los europeos de las clases más desfavorecidas no quieren más inmigrantes en sus países. Los partidos políticos de izquierda que hasta ahora contaban con el voto humilde tienen que elegir: apuntarse a la línea dura contra la inmigración o ver partir a sus votantes hacia formaciones nacionalpopulistas.
Suecia es uno de los pocos países europeos y de la Unión Europea donde gobierna todavía un partido socialdemócrata. Suecia ha sido hasta ahora el país más generoso del Viejo Continente en política migratoria. En sus tierras han encontrado refugio miles de huidos de la dictadura pinochetista, exyugoslavos de las repúblicas balcánicas, kurdos, afganos o africanos de diversos países. Suecia fue llamada la “superpotencia humanitaria”.
Las autoridades de Estocolmo abrieron también sus puertas a decenas de miles de migrantes que buscaban en 2015 asilo en el norte de Europa. La tradición se mantuvo en ese verano crítico. Pero Suecia ha dicho basta.
El primer ministro socialdemócrata, Stefan Lofven, ha certificado lo que muchos responsables políticos y humanitarios de su país habían ya advertido. Suecia no tiene la capacidad para seguir acogiendo a miles de refugiados cada año. La llegada masiva de migrantes desde 2015 provocó también las protestas de otras organizaciones sociales y políticas que, aprovechando la ruptura del tabú de lo políticamente correcto, denunciaban el deterioro social y de convivencia que muchos de los refugiados estaban creando en ciertos barrios de las principales ciudades del país. Buena leña para el fuego que los partidos más conservadores y las nuevas formaciones nacionalistas necesitaban para calentar sus posibilidades electorales.
Los suecos acudirán a nuevos comicios generales en septiembre y los socialdemócratas han perdido el tren de los favoritos en los sondeos. La primera medida que Lofven y los suyos han tomado para contrarrestar a sus oponentes es el endurecimiento de las condiciones de admisión para emigrantes y refugiados. El jefe de Gobierno se justifica arguyendo que ningún país de Europa ha acogido como Suecia, a 350.000 personas en menos de cuatro años. La población del país es de 10 millones de ciudadanos.
La emigración, como en la mayoría de los países vecinos, está en el centro del debate político y, por lo tanto, electoral. Los “Demócratas de Suecia”, considerados populistas, pueden convertirse en otoño en el partido sorpresa, no tanto por sus posibilidades de victoria sino por su capacidad de robar votos a la izquierda.
Como en otros países de Europa abiertos con la inmigración, Suecia vive también un fenómeno que las formaciones tenidas como antinmigración explotan muy bien. El aumento del radicalismo entre los musulmanes acogidos en los últimos años, y multiplicado desde hace poco tras la crisis en Oriente Medio, supone un argumento de peso para las formaciones como los “Demócratas de Suecia”.
El aumento de las agresiones sexuales contra mujeres es un dato objetivo y no forma parte de la propaganda xenófoba, que también existe. Las autoridades trabajan en 14 lenguas en cursos de educación sexual y en la enseñanza de los derechos de las mujeres.
Uno de los argumentos de los partidos antinmigración tiene que ver con el origen religioso y cultural de los recién llegados, a los que se reprocha no querer integrarse en las normas sociales del país de acogida.
En la vecina Dinamarca, la corrección política ya no marca límites ni, incluso, para la ministra responsable de Inmigración e Integración. Inger Stoejber, miembro de la coalición gobernante formada por conservadores y liberales, no tiene reparos en afirmar que “el Ramadán (mes de ayuno musulmán) es incompatible con el mercado de trabajo moderno”. Stojber asegura que los trabajadores que respetan el Ramadán hacen perder horas de trabajo a sus empleadores.
Las declaraciones de la ministra no representan la opinión oficial del Gobierno de coalición de Lars Lokke Rasmussen, pero son respetadas por sus colegas pues, dicen, ella se ha atrevido a abrir el debate sobre el islam político y el respeto de los valores del país de acogida.
La ministra es también en parte inspiradora del endurecimiento de las normas para que un extranjero pueda obtener la nacionalidad danesa. Aprender la lengua es un requerimiento básico; aprobar una dura prueba de educación para la ciudadanía es otra. Un refugiado sin trabajo durante un largo período de tiempo tendrá difícil acceder al pasaporte danés. Los recién llegados deberán pasar dos años sin recibir ayudas sociales. El respeto de los valores y el juramento sobre la Constitución danesa son indispensables.
Los daneses irán a las urnas también en tan solo un año. Las exigencias hacia las peticiones de asilo y la inmigración económica continuarán siendo como en la mayoría de Europa, con excepciones como España y Portugal, uno de los argumentos principales de la campaña electoral.
En esta ola europea de retorno a los controles de fronteras y de la preservación de las identidades locales, hay que incluir, por supuesto, al grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia) que no aceptan las cuotas de reparto de refugiados decididas por Bruselas.
Luis Rivas, 26 mayo 2018
