Argentina: “detener a los empresarios para que declaren contra el anterior gobierno y luego liberarlos”

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El circo de detenciones que está llevando adelante el juez Bonadío, siguiendo el libreto del LavaJato brasileño empieza a tener su costo para las empresas argentinas. Si bien el esquema parece ser detener a los empresarios para que declaren contra el anterior gobierno y luego liberarlos, la incertidumbre que genera en inversores internacionales la posibilidad de que la Argentina se introduzca en un camino de caos similar al de Brasil durante los últimos años, está ocasionando importantes caídas en las acciones de empresas de primer nivel como Techint, Banco Galicia, Banco Macro y Metrogas. Siendo que el proyecto económico de Macri va directo a un Default de deuda que podría explotar antes de las elecciones, una pobreza del 40% para fin de este año y una crisis social terminal, no sería de extrañar que EEUU avance en la destrucción de nuestro país, como viene haciendo con Brasil, para luego quedarse con las pocas grandes empresas de capital nacional que quedan comprándolas por migajas en medio de un caos total, con militarización de la protesta social y con buena parte de la clase política en prisión, incluyendo a Cristina Kirchner.

Solo este martes, con los inicios de este Lava Jato argentino, las mayores pérdidas en acciones del Merval fueron:
Banco Macro (-7,8%);
Distribuidora de Gas Cuyana (-6,7%),
Metrogas (-6,7%),
Ternium (Techint) (-6,1%),
Loma Negra (2,7%),
Pampa Energía (2,9%),
Edenor (2,5%).

Mientras que en Wall Street cayeron:
Banco Macro (-7,9%),
Banco Francés (-7,1%);
Banco Galicia (-5,8%);
Banco Supervielle (-4,3%).

El riesgo país medido por el banco norteamericano JP Morgan sube un 2,2% hasta las 596 unidades y se paraliza el financiamiento para los proyectos de PPP.

“Esto está descontrolado. No sabemos dónde termina”, es la frase que circula entre inversores. “Hay mucho ruido político, incertidumbre y desconcierto. No se sabe si hay empresas del Merval involucradas, cuál es la responsabilidad y dónde frena todo”, explicó Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones.

El analista liberal Ignacio Fidanza, de La Política Online, advierte: “Desde el punto de vista penal no habría mayor inconveniente. Se investiga, se juzga y se castiga, según los tipos habilitados. El problema es que, por las razones que se quiera -desde la conspiración geoestratégica hasta la venalidad descontrolada- los cuadernos abren la puerta de un proceso de posible alcance masivo, que originado en la justicia termine derrumbando a buena parte del sistema político-económico. Estamos hablando de límites, de manipular las reglas, algo habitual en situaciones extremas ¿Quién hace esa tarea ingrata, amoral? La política. En la crisis de las subprime el ideario neoliberal imponía dejar caer a todas las instituciones que no pudieran afrontar sus deudas, el mercado se autodepuraría. El derrumbe de Lehman Brothers funcionó de vacuna hasta para los republicanos más libertarios. Visto el desastre global que generó, los siguientes Lehman Brothers fueron rescatados del efecto de sus propios actos, a costa de miles de millones de dólares del Estado. No hubo ley pareja, hubo perdedores y ganadores elegidos casi a dedo, hubo política. Si el juez Claudio Bonadío es Sergio Moro y los cuadernos son el Lava Jato, nada de lo que viene será agradable. Bajo la promesa de una purificación que al final será beneficiosa, Brasil ingresó en la peor recesión de su historia, sumó millones de desempleados, perdió una posición de liderazgo global, cayó un gobierno electo democráticamente y ahora está a las puertas de coronar como presidente a un populista de extrema derecha“.

¿Qué pasará si la Security Exchange Commission (SEC) de EEUU empieza a investigar a las empresas argentinas que cotizan en Wall Street? El hecho de que Bonadío sea un juez del riñón de la Embajada de EEUU permite pensar de una maniobra no improvisada sino planificada desde el Departamento de Estado para destruir lo más posible y quedarse con todo.

Fuente, 8 agosto 2018

 

 

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Macri: radiografía de la corrupción

Entre los hechos que afectaron a la gestión macrista en los últimos 27 meses figuran las cuentas offshore, el lavado de dinero, y la estafa de la financiación para la campaña electoral, entre otros.

Mientras continúa la saga de arrestos de funcionarios del gobierno kirchnerista, los jueces que responden a las órdenes de Mauricio Macri se niegan a investigar los hechos de corrupción ya comprobados que salpican a miembros de la actual administración, incluido el mismísimo presidente que ha iniciado esta caza de brujas en pos de mantener en las sombras los delitos por los que aún no ha sido citado a declarar.

El arresto del ex vicepresidente, Amado Boudou, producido el martes, es una nueva muestra de la doble vara con la que actúa la justicia argentina que ha dejado de lado la ética y se ocupa ahora de responder las solicitudes del máximo responsable de los mismos delitos por los cuales están siendo detenidos sólo quienes ejercieron el poder hasta diciembre de 2015.

Entre los hechos que afectaron a la gestión macrista en los últimos 27 meses sobresalen las denuncias contra Arribas y Díaz Gilligan, el soterramiento del Sarmiento, las cuentas offshore, el lavado de dinero, la estafa de la financiación para la campaña electoral, y un largo etcétera.

Caso Arribas

El director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y amigo personal del Presidente, Gustavo Arribas, está sospechado de haber recibido 850 mil dólares de modo ilegal, según apuntó un delator del Lava Jato brasileño.

Panamá Papers

El Presidente fue investigado por integrar dos sociedades offshore: Fleg Trading (Bahamas) y Kagemusha (Panamá). En agosto de 2017, una cámara federal resolvió que no había delito porque Macri no fue socio ni accionista ni recibió dividendo alguno de ellas.

El club offshore

Además del Presidente, también fue involucrado por tener empresas offshore el ahora ex subsecretario General de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, quien tenía una firma no declarada que manejó 1,2 millón de dólares a través de un banco de Andorra. El funcionario renunció. También el actual ministro de Finanzas, Luis Caputo, ocultó que fue accionista de sociedades offshore que administraron cientos de millones de dólares. El secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj y el primo presidencial Jorge Macri, entre otros, tenían otras empresas de esta naturaleza.

Las empresas de Aranguren

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, dirigió dos empresas offshore mientras era director de Shell: Shell Western Supply and Trading Limited y Guianas Limited. Una de esas empresas ganó una licitación durante su gestión como ministro, aunque él dijo que no participó de ese proceso.

Blanqueo familiar

Macri y parte de su gabinete fueron imputados en 2017 por la firma de un decreto de 2016 que extendió los beneficios del blanqueo de capitales a familiares de funcionarios.

Soterramiento del Sarmiento

Es una obra licitada en la época kirchnerista, pero involucra a Ángelo Calcaterra, primo de Macri, a quien un fiscal pidió embargar por 54 millones de pesos. La brasileña Odebrecht habría pagado millonarias coimas para obtener la obra. También están implicados Ricardo Jaime, José López y Jorge “Corcho” Rodríguez.

Intervención del Somu

La intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, bajo órdenes del ministro de Trabajo Jorge Triaca, contrató a 172 personas, entre ellas Sandra Heredia, empleada doméstica de los Triaca.

El bono de Etchevehere

El ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, pidió y cobró un bono de 500 mil pesos de la Sociedad Rural Argentina luego de ser nombrado en el Gobierno. Debió devolverlo en febrero de este año, debido a las críticas y tras la intervención de la Oficina Anticorrupción.

Parientes funcionarios

Si bien el Gobierno prohibió la presencia de parientes en el Estado, esa medida no alcanza a primos, tíos ni sobrinos.

Condonación al Correo Argentino

El Presidente, el ministro Oscar Aguad y otras personas fueron imputados por una condonación de una deuda millonaria por parte del Estado al Correo Argentino, firma que pertenece a Franco Macri y que –según la acusación– habría sufrido un intento de vaciamiento.

Gómez Centurión

El militar retirado Juan José Gómez Centurión fue desplazado como titular de la Aduana luego de que fuera denunciado por irregularidades por el propio Ministerio de Seguridad de la Nación, en 2016. Luego de ser sobreseído por la Justicia, fue designado en el Banco Nación.

Robo a Michetti

La vicepresidenta Gabriela Michetti denunció que en noviembre de 2015, en la época del cepo cambiario, le robaron de su casa 245 mil pesos y 50 mil dólares. Un fiscal la imputó por lavado de activos.

Avianca

En marzo de 2017, un fiscal imputó a Macri y a funcionarios nacionales por la concesión de rutas aéreas a Avianca En enero de este año se publicó “Radiografía de la corrupción PRO”, libro de Julián Maradeo e Ignacio Damiani en él se recogen los hechos más notorios de la corrupción macrista desde su llegada al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta algunos hechos que apenas han sido difundidos por un sector de la prensa no cooptado por el oficialismo, desde que Macri asumió la presidencia de la Nación.

Si bien una vez comprobada toda corrupción merece sanción, resulta llamativo que haya una mirada selectiva para evaluar con distinta vara y según su procedencia política las corrupciones de unos y otros. Por lo pronto, según la investigación de Julián Maradeo e Ignacio Damiani, las sospechas que pesan sobre la administración M son de una magnitud exponencialmente mayor que cualquier otra atribuida a gobiernos anteriores. A esa característica hay que sumarle la complicidad de jueces carentes de toda imparcialidad, lo que da lugar a inferir una impunidad entre los macristas de verdadero escándalo.

La ceguera es selectiva a favor del macrismo a pesar de que abarca a más protagonistas, se incurre en maniobras fácilmente detectables y compromete al erario público con una magnitud muchísimo mayor que lo que pudiera haber hecho la administración anterior en doce años de gobierno. ¿A quién beneficia la doble vara? ¿Es entonces la deshonestidad con los recursos públicos lo que preocupa, o simplemente se absuelve al amigo?

De momento Mauricio Macri goza de impunidad y se ha dado el gusto de ponerse en el papel de juez de corrupciones ajenas, con el fin de que las propias queden sepultadas debajo de los titulares de los medios hegemónicos. Medios que, sin embargo, no han podido evitar que gran parte de la sociedad ya sepa que, más tarde o más temprano, la justicia (la real, la independiente) llame a su puerta.

WALTER MEDINA / NUEVA TRIBUNA

 

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