¿Porqué el lobby judío francés quiere imponer una ley de censura en Argentina? – por Maria Poumier

El presidente Alfredo Fernández, en su gira por Europa, recibió la solicitud de Sophie Thonon, abogada de víctimas de la represión gubernamental en los años 1970 en Argentina, para que Argentina adopte una ley que santifique la cifra de 30 000 víctimas del gobierno militar, según el modelo existente de la Ley Gayssot en Francia.

Como francesa, siento el deber de advertir sobre las intenciones ocultas de semejante solicitud. Como muy bien informa la página https://www.infobae.com/politica/2020/02/06/el-gobierno-busca-que-el-24-de-marzo-se-convierta-en-ley-un-proyecto-que-castiga-a-quienes-nieguen-crimenes-de-lesa-humanidad/, de lo que se trata es de prohibir el debate sobre los «crímenes de lesa humanidad». O sea, se acude al sentimiento de compasión de los Argentinos hacia sus desaparecidos, pero no solamente: se prohibiría el debate sobre el número de los mismos. La intención ideológica es obvia; simplificando, cierta extrema izquierda es la que ama la cifra de 30 000, mientras la derecha, sustrayendo exageraciones y mentiras, llega a una cifra de 8 000 aproximadamente. Políticamente, semejante proyecto de ley es un arma empuñada por algunos para matar socialmente a algunas personas con nombre y apellido, y se puede identificar fácilmente a quiénes les hace falta esta ley.

En Francia, donde se votó una de las primeras leyes sobre las mismas bases de la «negación de crímenes de lesa humanidad», de lo que se trataba era de impedir el debate sobre el muy discutido tema de las cámaras de gas y los Seis millones de víctimas del Holocausto. A raíz de esta ley, votada en 1990, se condenó al filósofo marxista Roger Garaudy,  a los historiadores Robert Faurisson  y Vincent Reynouard, a los políticos Jean-Marie Le Pen y Alain Soral, al abogado de Alain Soral, al cómico Dieudonné. A todos se les ha condenado a elevadísimas multas, y a Vincent Reynouard a penas de prisión en Francia y en Bélgica. Ahora él se encuentra refugiado en Inglaterra. Y se tiene amordazados a los investigadores, a los editores, a las figuras populares, y al pueblo común, con la amenaza de juicio por tales motivos. El último caso de persecución fue inesperado: los Chalecos amarillos tienen su ideólogo, defensor de la idea de democracia participativa a través del referéndum por iniciativa popular, que se llama Etienne Chouard. En medio de un debate televisivo sobre la resistencia del pueblo francés al neoliberalismo, lo sorprendieron con la pregunta: ¿Ud cree en las cámaras de gas? Ningún dirigente de los Chalecos amarillos jamás se ha preocupado por el tema, que nada tiene que ver con las  reivindicaciones sociales. Se sorprendió, se quedó mudo tres segundos, antes de contestar que no era un especialista del tema. Desde entonces ¡no lo invitan más a hablar de nada! Ya, desaparecido del mapa de una vez por todas.

Robert Faurisson era una persona muy seria y prudente que nunca quiso ir más allá de la defensa de la exactitud en cuestiones de literatura y de historia, lo cual lo llevó a concluir que «hay una clara imposibilidad, en el plano físico, químico, topográfico y documental, de que hayan tenido lugar matanzas masivas en cámaras de gas» Nunca se le pudo condenar por antisemitismo, ni por falsificación de datos históricos. Los jueces, por la forma en que está redactada la Ley Gayssot, no podrían, aunque quisieran, absolver a un incriminado, ya que la ley impide la discusión sobre los dictámenes del Tribunal de guerra de Nuremberg. A Faurisson lo condenaron a un año de cárcel, pero el ministro de justicia no se atrevió a ordenar la ejecución de la sentencia. Todo parece indicar que está pasando lo mismo con Alain Soral, quien le rindió homenaje públicamente a Faurisson a raíz de su muerte, en septiembre de 2018. También está condenado a un año de  encierro, pero todavía no lo han apresado. En España, el editor Pedro Varela es «preso habitual». En Alemania, hay cuatro personas presas, entre las cuales una señora de 90 años, y la esposa y abogada defensora de Horst Mahler, preso también desde hace 2009, por sus escritos (antes ya había estado preso por sus opciones político-militares). Si se implantara la ley en Argentina, ¿a quién le tocaría? Nadie diría que el fallo es imparcial…

El lobby judío en Argentina sigue peleando por una ley contra el antisemitismo, que incluiría la represión contra el antisionismo, es decir cualquier crítica a Israel. En el mundo entero, hay presiones para lo mismo, y cada gobierno trata de darle largas al asunto, o emitir solamente algunas «directivas» al respecto, porque proponer una ley imperativa costaría muchos conflictos y enemistades. En Francia, hasta en la prensa main stream, como Le Monde y Le Figaro, muchos procuran demostrar su independencia, criticando más aún a Israel…

Con la nueva ley para reprimir la «negación de crímenes de lesa humanidad», no sólo estaría prohibido discutir el número de muertos por la dictadura militar, sino cualquier «crimen contra la humanidad». Obviamente, el terrorismo forma parte de semejantes crímenes. Hay un  tema específicamente candente en Argentina, el de la voladura a la AMIA. Estaría prohibido afirmar datos comprobados, avalados por los tribunales, e  irrebatibles como estos:

– Los muertos en el atentado fueron 84, no 85: se descubrió a uno que percibe indebidas indemnizaciones y reside en Paraguay.

– El informe de Charles Hunter del FBI afirma que no hubo coche bomba.

– El juez Galeano recibió del jefe de la SIDE Anzorregui $400 000, entregados a Carlos Telleldín para que hiciera una falsa denuncia al comisario Ribelli, supuesto cómplice en el uso de un coche bomba.

– Los testimonios de agentes del FBI y la CIA que figuran en la docuserie «Nisman, el fiscal, la presidenta y el espía» serían considerados mentirosos.

– En cuanto a la explosión de 1992 en la embajada israelí, quedaría prohibido relatar lo siguiente: el entonces ministro José Luis Manzano anunció el día de la bomba en la embajada israelí (miércoles18 de marzo) que había un cráter en la calle, cuando el diario La Nación publicaba el sábado siguiente: Ese día La Nación(insospechada de antisionismo) publica un pequeño artículo titulado: «¿Cráter?», donde dice que no lo habían podido encontrar todavía. Y al otro día otro más detallado: «Muchas dudas y pocas certezas», donde dice: «…que ninguno de los 12 periodistas de La Nación que cubrían la zona habían podido encontrar el cráter anunciado por Manzano en la madrugada del miércoles 18…», y publica una gran foto de la zona donde debería haber estado el tal cráter, donde se la ve completamente despejada de escombros y sin cráter, ni nada que se le parezca. Al hoyo tamaño pileta de natación (el falso cráter) que apareció días después(lo adjunto insertado) lo fabricaron con pico y pala policías de la Federal, y así lo declararon en la causa vecinos de la zona (datos del investigador e ingeniero José Petrosino).

En realidad, semejante ley de censura serviría para terminar de sepultar la investigación sobre muchísimos temas de la historia argentina, en los cuales Israel pretende imponer una versión insostenible.

Como siempre ocurre, los medios del grupo Clarín practican el bluff: dejan entender que la ley va a ser aprobada ya, porque en los grandes países occidentales ya se han aprobado leyes semejantes. Pero ojalá no sea tan fácil en Argentina, país al que ya Trump quiere aplicar sanciones, ¡lo que le faltaba a la economía del país!

 

Maria Poumier, 17 febrero 2020

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