![\"\"](\"https:\/\/redinternacional.net\/srv\/htdocs\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Fatou-Bensouda-israel-300x157.jpg\")
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La corte penal internacional ha pasado por alto c\u00f3mo tanto la Autoridad Palestina, como su ocupante, est\u00e1n utilizando la tortura para mantener el r\u00e9gimen de dominaci\u00f3n racial de Israel.<\/em><\/strong><\/p>\n <\/p>\n En una decisi\u00f3n ahora muy discutida, la sala de instrucci\u00f3n de la Corte Penal Internacional (CPI) confirm\u00f3<\/a> que el fiscal jefe tiene jurisdicci\u00f3n para investigar si Israel, Hamas u otros grupos palestinos pueden haber cometido cr\u00edmenes de guerra en los territorios ocupados. Los jueces llegaron a esta conclusi\u00f3n reconociendo el concepto legal de Estado palestino que, en muchos sentidos, cumpli\u00f3<\/a> con el compromiso de larga data de la comunidad internacional de promover una soluci\u00f3n de dos estados.<\/p>\n Aunque a\u00fan no se ha iniciado una investigaci\u00f3n formal, la decisi\u00f3n marca el comienzo de un proceso en el que el tribunal puede examinar cuidadosamente las pruebas de los presuntos delitos, y es dif\u00edcil predecir cu\u00e1les ser\u00e1n sus conclusiones. No obstante, lo que est\u00e1 claro en este momento es que la fiscal principal Fatou Bensouda, a quien el abogado brit\u00e1nico Karim Khan suceder\u00e1<\/a> en junio, ya ha encontrado sospechas razonables de que esos delitos efectivamente se cometieron<\/a>.<\/p>\n Estos incluyen los ataques de Israel contra la poblaci\u00f3n civil palestina en Gaza, su asedio continuo a la franja de Gaza, su pol\u00edtica de trasladar a civiles israel\u00edes a asentamientos en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusal\u00e9n Oriental. Las sospechas del fiscal contra Hamas y otros grupos incluyen el lanzamiento de cohetes contra objetivos civiles israel\u00edes y diversas formas de violencia contra los residentes de Gaza como parte de una campa\u00f1a para aplastar la disidencia pol\u00edtica local.<\/p>\n Sin embargo, una cuesti\u00f3n que no se ha debatido suficientemente hasta ahora es por qu\u00e9 no se dirigen sospechas contra la propia Autoridad Palestina. En el marco actual de la CPI de su caso, la Autoridad Palestina est\u00e1 actuando esencialmente en el rol de acusador, mientras que el dedo apunta a Israel y Hamas. Sin embargo, las acciones de los funcionarios de la Autoridad Palestina tambi\u00e9n han levantado sospechas de cr\u00edmenes que caen bajo el Estatuto de Roma. El m\u00e1s destacado de ellos es el uso de torturas<\/a> y tratos crueles inhumanos y degradantes durante los interrogatorios de palestinos por parte de la Autoridad Palestina.<\/p>\n Si la CPI decide investigar estos cr\u00edmenes, no solo encontrar\u00e1 que la Autoridad Palestina est\u00e1 violando las prohibiciones internacionales sobre estas pr\u00e1cticas, sino que tambi\u00e9n expondr\u00e1 las estructuras de poder m\u00e1s amplias que permiten tal violencia en primer lugar, y as\u00ed arrojar\u00e1 una luz importante sobre la realidad del apartheid que existe en Palestina e Israel.<\/p>\n <\/p>\n Tortura como apartheid<\/strong><\/p>\n Seg\u00fan el Estatuto de Roma, la tortura y los malos tratos constituyen cr\u00edmenes de guerra cuando se llevan a cabo en un “conflicto armado” y “como parte de un plan o pol\u00edtica”. Cuando son “parte de un ataque generalizado o sistem\u00e1tico contra cualquier poblaci\u00f3n civil”, se convierten en “cr\u00edmenes de lesa humanidad”.<\/p>\n El Estatuto de Roma afirma incluso que la tortura sistem\u00e1tica o generalizada puede cumplir la definici\u00f3n del crimen de apartheid cuando \u201cse comete en el contexto de un r\u00e9gimen institucionalizado de opresi\u00f3n y dominaci\u00f3n sistem\u00e1tica por un grupo racial sobre cualquier otro grupo o grupos raciales y se comete con la intenci\u00f3n de mantener ese r\u00e9gimen”. Un relato de las pr\u00e1cticas de tortura, que todav\u00eda falta en gran medida en la agenda del fiscal, puede acercar la investigaci\u00f3n de la CPI a este problema estructural.<\/p>\n Durante a\u00f1os, ciertos agentes de la Autoridad Palestina han participado en interrogatorios violentos en tres contextos principales. El primero es como subcontratistas<\/a> de Israel, ya sea arrestando a los sospechosos y entreg\u00e1ndolos a las autoridades israel\u00edes para que los torturen, o interrog\u00e1ndolos violentamente en nombre de Israel. Un segundo contexto es el uso de interrogatorios violentos por razones que van en contra de los intereses de seguridad percibidos de Israel, como torturar a los palestinos acusados \u200b\u200bde colaborar con los servicios de inteligencia de Israel. El tercer contexto es la tortura de opositores pol\u00edticos al gobierno de la Autoridad Palestina en Ramallah, de varias facciones palestinas, para reprimir a la oposici\u00f3n local.<\/p>\n Desde 1967, Israel ha estado empleando m\u00e9todos de interrogatorio en los territorios ocupados que est\u00e1n prohibidos por el derecho internacional, algunos de los cuales claramente constituyen tortura. Las violaciones m\u00e1s comunes a menudo alcanzan el nivel de trato inhumano o degradante, incluso si no alcanzan el entendimiento internacional de la definici\u00f3n de \u201ctortura\u201d.<\/p>\n Activistas israel\u00edes realizando una exhibici\u00f3n de t\u00e9cnicas de tortura del Shin Bet durante una manifestaci\u00f3n contra la detenci\u00f3n administrativa fuera de las oficinas de la agencia, Tel Aviv, 10 de diciembre de 2020. (Oren Ziv)<\/em><\/p>\n Los violentos interrogatorios de Israel disminuyeron un poco despu\u00e9s del celebrado fallo de 1999<\/a> del presidente de la Corte Suprema, Aharon Barak que, aparentemente, rechazaba el modelo de tortura previamente aceptado que se describi\u00f3 como “presi\u00f3n f\u00edsica moderada”. Pero la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema, espec\u00edficamente las decisiones de Abu Ghosh<\/em> (2017) y Tbeish<\/em> (2018), de hecho, legitim\u00f3 nuevamente<\/a> esa “presi\u00f3n f\u00edsica” como parte de la infraestructura de interrogatorios de seguridad nacional de Israel.<\/p>\n En ambos casos, los ex detenidos palestinos presentaron una petici\u00f3n ante el Tribunal Supremo despu\u00e9s de haber sido sometidos a un trato violento durante su interrogatorio, y exigieron que se procese a los interrogadores israel\u00edes. Sin embargo, el tribunal dictamin\u00f3 que su trato no alcanz\u00f3 el nivel de \u201ctortura\u201d, dando una interpretaci\u00f3n muy estrecha del t\u00e9rmino y estableciendo est\u00e1ndares probatorios que hacen que sea extremadamente improbable<\/a> que los interrogadores rindan cuentas.<\/p>\n En Tbeish , el juez David Mintz incluso pareci\u00f3 aceptar que la “tortura”,- la palabra misma fue negada durante d\u00e9cadas-, puede practicarse en circunstancias de “necesidad”. La explicitaci\u00f3n de esta proposici\u00f3n fue tan improcedente que pudo haber sido un desliz, expresando en voz alta<\/a> lo que todo el mundo siempre hab\u00eda sabido.<\/p>\n Las consecuencias de estas sentencias quedaron claras el mes pasado, cuando el fiscal general israel\u00ed se neg\u00f3 a presentar cargos<\/a> contra los interrogadores que hab\u00edan mutilado gravemente al detenido Samer Arbeed en lo que solo pudo haber sido el resultado de tortura. Supuestamente Israel incluso ha dirigido interrogatorios<\/a> violentos similares contra sospechosos de terrorismo (jud\u00edos) en los \u00faltimos a\u00f1os, como los pir\u00f3manos que asesinaron a miembros de la familia Dawabshe en la aldea de Duma en Cisjordania. Estos interrogatorios de sospechosos israel\u00edes, si se llevan a cabo dentro de los propios territorios ocupados, tambi\u00e9n pueden quedar atrapados en la red del fiscal.<\/p>\n <\/p>\n Una infraestructura compartida<\/strong><\/p>\n Si los fiscales de la CPI deciden investigar estos cr\u00edmenes, inevitablemente se dar\u00e1n cuenta de que la infraestructura para la tortura<\/a> es compartida -al menos parcialmente- tanto por Israel como por la Autoridad Palestina. Descubrir\u00e1n que el Estado palestino en potencia ha adoptado e implementado los m\u00e9todos de interrogatorio que la ocupaci\u00f3n israel\u00ed ha dirigido durante a\u00f1os contra los palestinos. A su vez, los fiscales encontrar\u00e1n necesario evaluar los casos de colaboraci\u00f3n directa entre Israel y la Autoridad Palestina para llevar a cabo torturas y tratos inhumanos.<\/p>\n Este entramado en torno a la tortura enturbia la imagen que muestra a la Autoridad Palestina simplemente como el acusador, y a Israel y Hamas como los acusados. De hecho, revela un sistema de dominaci\u00f3n jer\u00e1rquico y multiorg\u00e1nico que somete a una opresi\u00f3n pol\u00edtica a toda la poblaci\u00f3n dentro de los territorios ocupados.<\/p>\n La CPI puede haber establecido su jurisdicci\u00f3n sobre la base de que Palestina es un “estado” seg\u00fan el derecho internacional; pero este reconocimiento de la condici\u00f3n de estado contradice la \u201crealidad de un estado\u201d que existe sobre el terreno, visto que Israel y la Autoridad Palestina no son entidades completamente separadas. Una investigaci\u00f3n sobre la tortura y los cr\u00edmenes durante los interrogatorios puede llevar esa realidad m\u00e1s all\u00e1 del marco de referencia de la CPI, ya que podr\u00eda basarse en una ficci\u00f3n de la independencia palestina.<\/p>\n Este an\u00e1lisis est\u00e1 ganando terreno. Recientemente, el grupo de derechos humanos B’Tselem acus\u00f3 a Israel de promover un r\u00e9gimen de apartheid<\/a> desde el r\u00edo Jord\u00e1n hasta el mar Mediterr\u00e1neo. Esta acusaci\u00f3n es cualquier cosa menos nueva; se produce despu\u00e9s de a\u00f1os de acusaciones<\/a> similares por parte de organizaciones, acad\u00e9micos y activistas palestinos, internacionales e israel\u00edes. Adem\u00e1s del crimen de apartheid llevado en presentaciones al fiscal de la CPI, se le exige a Bensouda que no solo se concentre en los cr\u00edmenes cometidos durante la guerra, sino que inicie una investigaci\u00f3n sobre el establecimiento de un r\u00e9gimen racialmente opresivo por parte de Israel.<\/p>\n No se debe apostar a que la CPI terminar\u00e1 acusando a los demandados israel\u00edes de perpetrar el apartheid; la forma en que se formula la definici\u00f3n, con el \u00e9nfasis en la intenci\u00f3n de mantener la opresi\u00f3n racial sistem\u00e1tica, hace que el crimen sea extremadamente dif\u00edcil de probar, incluso dejando de lado su legitimidad pol\u00edtica.<\/p>\n Aun as\u00ed, cuanto m\u00e1s se acerque la CPI a examinar los elementos estructurales de la dominaci\u00f3n en los territorios ocupados, m\u00e1s importante ser\u00e1 su investigaci\u00f3n para contrarrestar las realidades del apartheid sobre el terreno. Ser\u00eda incorrecto que la corte bifurque la responsabilidad penal individual del proyecto m\u00e1s amplio que tiene Israel de solidificar un gobierno no democr\u00e1tico en los territorios bajo su dominio. Tal como van las cosas, la agenda del fiscal de la CPI en Palestina corre el riesgo de hacer exactamente eso. La investigaci\u00f3n de la infraestructura compartida de la tortura es una forma fundamental de fortalecer esa investigaci\u00f3n.<\/p>\n Itamar Mann 18 de febrero de 2021<\/p>\n *<\/p>\n Una versi\u00f3n de este art\u00edculo se public\u00f3 por primera vez en hebreo en Local Call. L\u00e9elo aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n Itamar Mann es profesor asociado de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Haifa, donde ense\u00f1a e investiga derecho internacional y una serie de cursos relacionados. Tambi\u00e9n es asesor legal de Global Legal Action Network (GLAN).<\/em><\/p>\n Traducci\u00f3n al espanol de J.M. para Red Internacional<\/a><\/p>\n