En una carta del fiscal general de Colombia\u00a0 N\u00e9stor Humberto Mart\u00ednez, a la fiscal de la Comisi\u00f3n Parlamentaria Investigadora (CPI), Fatou Bensouda, el pol\u00e9mico funcionario asegura que las investigaciones por los asesinatos de 265 l\u00edderes sociales s\u00ed avanzan, y se han identificado los autores materiales de 151 asesinatos. \u00bfY los autores intelectuales?<\/p>\n
<\/a>La Defensor\u00eda del Pueblo, por su parte, afirma que son 498 asesinatos de l\u00edderes sociales entre enero de 2016 y el 27 de marzo \u00faltimo. Los l\u00edderes caen por sostener su lucha y detr\u00e1s de cada asesinato est\u00e1 involucrada una organizaci\u00f3n criminal, pero el gobierno no ha avanzado (\u00bflo ha queirdo?) en marcar a los autores intelectuales.<\/p>\n Casi en cualquier punto del mapa de Colombia han ocurrido atroces episodios de violencia en los que perdi\u00f3 la vida un l\u00edder social. En Santa Marta silenciaron a una v\u00edctima de desplazamiento que reci\u00e9n hab\u00eda recuperado sus tierras. En Cauca debilitaron la lucha contra los sembrados de coca. En el Valle sacaron del camino a un defensor que hac\u00eda los esfuerzos anticorrupci\u00f3n, y en el Catatumbo callaron a un l\u00edder pol\u00edtico, se\u00f1ala la revista Semana en su informe \u201cL\u00edderes sociales, \u00bfqui\u00e9n podr\u00e1 defenderlos?\u201d<\/p>\n Mientras, desde el 28 de marzo decenas de colombianos que residen en Europa marchan a la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya para exigir que se investiguen las ejecuciones extrajudiciales (llamadas tambi\u00e9n falsos positivos) y el asesinato de l\u00edderes sociales en Colombia, y manifestar su preocupaci\u00f3n por que el asesinato de l\u00edderes sociales quede en impunidad, al considerar que \u201clas investigaciones no avanzan\u201d.<\/p>\n Entre las organizaciones que participan de la marcha est\u00e1n Colombia Humana (Londres), el colectivo Asdr\u00fabal Jim\u00e9nez (Aj\u00ed), Marcha Patri\u00f3tica, Congreso de los Pueblos y el Grupo Europa de familiares de detenidos y desaparecidos en Colombia.<\/p>\n Antonio Ram\u00edrez, miembro de Colombia Humana y uno de los organizadores de la caravana, asegur\u00f3 que \u201clas investigaciones no avanzan y, hasta hace muy poco, en parte gracias a la presi\u00f3n internacional que se hizo, el fiscal (o el gobierno en cabeza del fiscal), acept\u00f3 que hay una sistematicidad. Pero, hay una responsabilidad por parte del Estado en lo que tiene que ver con la omisi\u00f3n y, en muchos casos tambi\u00e9n, quiz\u00e1, con acci\u00f3n de agentes estatales que, al parecer, estar\u00edan involucrados en los asesinatos de l\u00edderes sociales\u201d.<\/p>\n En su carta, el fiscal Mart\u00ednez, admiti\u00f3 que entre el 1 de enero de 2016 y el 27 de marzo de 2019 han sido asesinados 265 defensores de derechos humanos (seg\u00fan el registro de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU\u2013OACNUDH\u2013). y, se ha identificado a los autores de 151 casos (<\/strong>57 % de las cifras parciales que maneja la Fiscal\u00eda), de los cuales, en 29 ya hay sentencias condenatorias, 53 est\u00e1n en juicio, en 35 se han imputado cargos, en 31 hay \u00f3rdenes de captura y otros tres precluyeron por la muerte de los sindicados.<\/p>\n A\u00f1adi\u00f3 que tambi\u00e9n se est\u00e1 investigado a los autores intelectuales de los asesinatos de los l\u00edderes sociales y explic\u00f3 que en el \u201c21,85 % de los casos en avance de esclarecimiento se ha podido establecer la autor\u00eda intelectual de los graves cr\u00edmenes\u201d..<\/p>\n Seg\u00fan un estudio publicado por la Comisi\u00f3n Colombiana de Juristas, la Universidad Nacional y varias organizaciones sociales a inicios de 2019,\u00a0muestra que, en la mayor\u00eda de los casos\u00a0de defensores asesinados,\u00a0\u00e9stos eran l\u00edderes de juntas de acci\u00f3n comunal (61), seguidos por l\u00edderes c\u00edvico-comunales (52), l\u00edderes ind\u00edgenas (31), l\u00edderes campesinos (28), l\u00edderes afro (24), l\u00edderes de movimientos pol\u00edticos (18), activistas de v\u00edctimas (12), l\u00edderes sindicales (9), activistas ambientales (7), reclamantes de tierras (6), abogados defensores de derechos humanos (5), miembros de la comunidad LGBT (4) y l\u00edderes juveniles (3).<\/p>\n Sistematicidad, un hecho probado<\/strong><\/p>\n Un informe de la Comisi\u00f3n Colombiana de Juristas, el Instituto de Estudios Pol\u00edticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional, la Comisi\u00f3n Colombiana de Juristas (CCJ) y varias organizaciones sociales ilustra c\u00f3mo el asesinato de l\u00edderes sociales en Colombia es el resultado de \u201cuna violencia met\u00f3dica y no aleatoria\u201d, desde la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.<\/p>\n Los asesinatos de l\u00edderes sociales y defensores de derechos humanos van en aumento. Esa tendencia, que se ha hecho evidente por las denuncias de m\u00faltiples organizaciones de derechos humanos y de entidades como la Defensor\u00eda del Pueblo. El estudio, titulado\u201d\u00bfCu\u00e1les son los patrones? Asesinatos de l\u00edderes sociales en el post acuerdo\u201d, no se limit\u00f3 a dar una cifra consolidada de homicidios, sino a analizar los casos para \u201cevidenciar elementos en com\u00fan, condiciones compartidas que definen posibles patrones identificables en los cr\u00edmenes, as\u00ed como la correlaci\u00f3n entre los cr\u00edmenes con otras variables\u201d.<\/p>\n Su intenci\u00f3n fue explicar que ha habido una sistematicidad en los ataques contra los l\u00edderes sociales. Mientras era ministro de Defensa de Juan Manuel Santos, Luis Carlos Villegas lanz\u00f3 la infortunada explicaci\u00f3n de que, en su \u201cinmensa mayor\u00eda\u201d, estas muertes eran\u00a0\u201cf<\/strong>ruto de un tema de linderos, de un tema de faltas, de peleas por rentas il\u00edcitas\u201d, Camilo Bonilla, coordinador del \u00c1rea de Investigaci\u00f3n de la CCJ, afirm\u00f3 que s\u00ed hay sistematicidad: as\u00ed lo deja en claro la coincidencia que encontraron en los m\u00faltiples patrones que fueron analizados.<\/p>\n El an\u00e1lisis se centr\u00f3 en identificar los patrones en cinco escenarios: la naturaleza del fen\u00f3meno, el tipo de v\u00edctimas, el tipo de victimarios, el modus operandi <\/em>en los distintos casos y la espacialidad de los cr\u00edmenes. Y, en efecto, fueron m\u00faltiples las coincidencias encontradas en los 343 casos que fueron analizados y que ocurrieron entre el 1\u00b0\u00a0de enero de 2016 y el 31 de julio de 2018, el per\u00edodo comprendido por la investigaci\u00f3n.<\/p>\n Son varios los datos que proporciona el estudio. Sobre qui\u00e9nes cometen los cr\u00edmenes, se\u00f1ala que en 118 casos no se ha identificado a los autores, 44 fueron cometidos por paramilitares, 35 por grupos armados sin identificar, 19 por disidencias de las Farc, 15 por un civil que ha sido capturado, pero no se ha identificado si pertenece a alguna organizaci\u00f3n, 11 por el Ej\u00e9rcito, 8 por el Eln, 4 por seguridad privada, 3 por la Polic\u00eda Nacional y 2 por el Epl.<\/p>\n Adem\u00e1s, muestra que la mayor\u00eda de los casos analizados eran l\u00edderes de juntas de acci\u00f3n comunal (61), seguidos por l\u00edderes c\u00edvico-comunales (52), l\u00edderes ind\u00edgenas (31), l\u00edderes campesinos (28), l\u00edderes afro (24), l\u00edderes de movimientos pol\u00edticos (18), activistas de v\u00edctimas (12), l\u00edderes sindicales (9), activistas ambientales (7), reclamantes de tierras (6), abogados defensores de derechos humanos (5), miembros de la comunidad LGBT (4) y l\u00edderes juveniles (3).<\/p>\n Los l\u00edderes sociales, v\u00edctimas de ataques, son caracterizados como personas que \u201cllevaban a cabo ejercicios de poder contra-hegem\u00f3nico en el \u00e1mbito local que afectan intereses de grupos ilegales, pero tambi\u00e9n de grupos econ\u00f3micos, empresas o personas que son consideradas por el Estado y la sociedad como inscritos en la legalidad\u201d. El informe agrega que un factor de riesgo es si el trabajo del l\u00edder es local o regional, pues cuando su visibilidad es\u00a0nacional\u00a0tiene mayor protecci\u00f3n.<\/p>\n El informe se\u00f1ala, igualmente, que la violencia contra los l\u00edderes sociales no es un fen\u00f3meno accidental ni fortuito, sino que su naturaleza es \u201crepetitiva, invariable y continua; es una violencia perpetrada de manera reiterada, met\u00f3dica y no aleatoria\u201d. E insiste en que \u201cson selectivos y no indiscriminados\u201d, pues, antes del atentado, se identifica a la v\u00edctima a la que se dirige el ataque.<\/p>\n Como causa de esta conclusi\u00f3n el estudio se\u00f1ala que 106 l\u00edderes sociales (casi la mitad de las v\u00edctimas entre 2016 y 2018) fueron asesinados en sus viviendas y otros 100 tambi\u00e9n sufrieron atentados en sus casas, lo que demostrar\u00eda que hay \u201cactividades de planeaci\u00f3n y seguimiento a la v\u00edctima por parte de una estructura criminal con dominio territorial\u201d. Otro elemento que probar\u00eda esta hip\u00f3tesis\u00a0es que la mayor\u00eda de los ataques son cometidos por sicarios.<\/p>\n El estudio\u00a0tambi\u00e9n muestra que las autoridades llevan su parte: \u201cEn ocasiones los cr\u00edmenes son antecedidos o seguidos de se\u00f1alamientos, discursos estigmatizantes o de negaci\u00f3n ya sea del fen\u00f3meno, de la existencia de los victimarios o de la condici\u00f3n de defensor de derechos humanos de la v\u00edctima. Estos discursos son elaborados por parte de autoridades locales, regionales y nacionales\u201d.<\/p>\n Fabio L\u00f3pez, docente del EPRI dijo a El Espectador que los asesinatos tambi\u00e9n son el resultado de la ineficiencia del Estado para llegar a las zonas que fueron dejadas por los exguerrilleros de las Farc, un fen\u00f3meno que, seg\u00fan \u00e9l, tambi\u00e9n sucedi\u00f3 cuando se desmovilizaron grupos paramilitares entre 2003\u00a0y 2007.<\/p>\n \u201cEl Estado tiende a negar su propia participaci\u00f3n. Hay un negacionismo no solo frente al fen\u00f3meno de la muerte de los l\u00edderes sociales, sino tambi\u00e9n frente a la participaci\u00f3n de actores institucionales en estos asesinatos. Adem\u00e1s, es un Estado que no controla su territorio, con instituciones muy ineficientes y sin un norte para la integraci\u00f3n socioterritorial\u201d, afirm\u00f3 L\u00f3pez.<\/p>\n \u00a0Resistencia ind\u00edgena\u00a0<\/strong><\/p>\n Con su paro activo, los ind\u00edgenas han puesto al descubierto desde hace casi un mes el fracaso del estado de derecho, y entraron en rebeli\u00f3n en el suroeste del pa\u00eds poniendo en el tapete las d\u00e9cadas de olvido y de incumplimiento a decenas de pactos y acuerdos firmados, y siempre traicionados. Y siguen luchando en defensa\u00a0 de sus territorios ante la sistem\u00e1tica invisibilizaci\u00f3n por parte del poder f\u00e1ctico, del cual la distorsi\u00f3n de los hechos por parte de los\u00a0 medios masivos de comunicaci\u00f3n es parte crucial.<\/p>\n Campeisnos e ind\u00edgenas controlan los caminos, las veredas, las trochas, basados en otra cosmovisi\u00f3n, y con sus luchas de estos d\u00edas han trazado una nueva situaci\u00f3n geopol\u00edtica en sus territorios, en los que combinan sus memorias y luchan por un futuro en el que la naturaleza, su cultura y la defensa de la vida no est\u00e9n separadas, y puedan superar cinco siglos de violencia,\u00a0 muerte y la tragedia.\u00a0\u00a0<\/p>\n La capacidad de resistencia de los 100 pueblos ind\u00edgenas, no cabe en la l\u00f3gica del poder hegem\u00f3nico, aun cuando sean constitucionalmente reconocidos en un pa\u00eds que se dice diverso, multicultural y de pluralismo jur\u00eddico.\u00a0 Lo que proponen lejos est\u00e1 de las implicaciones militares que esgrime el gobierno, que infiltra sus procesos organizativos, provoca, sobrevuela sus territorios con aviones de guerra (desde bases propias y estadounidenses), aumenta la represi\u00f3n y amenaza con judicializar a sus l\u00edderes.<\/p>\n Mientras los ojos del pa\u00eds se enfocan inevitablemente en 400 l\u00edderes asesinados en los \u00faltimos tres a\u00f1os, tambi\u00e9n debe mirar prioritariamente a los miles que debe proteger. De acuerdo con cifras de la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n, 4.487 l\u00edderes sociales y defensores de derechos humanos cuentan con un esquema que contempla celulares, chalecos blindados, hombres de protecci\u00f3n, veh\u00edculos blindados y convencionales, dice Semana.\u00a0 De poco ha servido todo esto, hasta ahora<\/p>\n Para las organizaciones sociales es urgente que el Estado, al cual le ha costado mucho admitir la sistematicidad de estos cr\u00edmenes, elabore una pol\u00edtica p\u00fablica de protecci\u00f3n de l\u00edderes, pero que se construya con la participaci\u00f3n de las comunidades para que sea realmente \u00fatil. Pero Iv\u00e1n Duque sigue mirando hacia otro lado: cree que amenazando una confrontaci\u00f3n con Venezuela, los colombianos van a olvidar esta guerra de aniquilamiento sistem\u00e1tico.<\/p>\n Camilo Rengifo Mar\u00edn, 6 abril 2019<\/p>\n