Un Golpe de Estado judicial llevó al fascista Bolsonaro a la Presidencia de Brasil

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La técnica del Golpe de Estado en Latinoamérica -y en el mundo entero- ha cambiado notablemente desde los tiempos de Pinochet. No hace falta sacar los tanques a la calle si le puedes poner la toga a un juez golpista para que “luche contra la corrupción”, como ocurrió en Brasil con la Operación Lava Jato, que llevó a Bolsonaro al gobierno y a Lula a la cárcel.

Junto con Bolsonaro el juez Sergio Moro, encargado de la “lucha contra la corrupción”, ocupa ahora el Ministerio de Justicia. Su cómplice fue Deltan Dallagnol, Fiscal General del Estado y las conversaciones entre ambos las publicó el 9 de junio en The Intercept Brazil en portugués.

El Caso Lava Jato involucra a la oligarquía, brasileña y latinoamericana, que ejerce el poder político y económico: grandes empresarios, políticos, periodistas, jueces, fiscales, funcionarios… No se libra nadie.

El caso llevó al encarcelamiento del ex presidente Lula da Silva el año pasado. La condena de Moro a Lula, rápidamente confirmada por un tribunal de apelación, impidió que pudiera presentarse como candidato a la presidencia en un momento en que todas las encuestas le daban como favorito.

Lula ya fue elegido presidente dos veces por una gran mayoría en 2002 y 2006, antes de que el límite de dos años lo obligara a dejar la presidencia en 2010, cuando estaba en la cumbre de su popularidad.

La exclusión de Lula fue la clave que allanó el camino para la victoria electoral de Bolsonaro. Una vez en el gobierno Bolsonaro convirtió al juez Moro en un super ministro de Justicia para mantener la “lucha contra la corrupción” de manera permanente, es decir, para hacer y deshacer lo que diera la gana. Ahora Moro ejerce inmensos poderes policiales y de vigilancia en Brasil. Es un héroe aclamado en el mundo; un ejemplo de “limpieza”.

Los fiscales de Lava Jato habían desempeñado gran parte de su trabajo en secreto, al estilo inquisitorial, impidiendo evaluar la validez de las acusaciones y la solidez de las pruebas. Pero The Intercept ha roto el pacto de silencio y los manejos empiezan a salir a la luz. Ahora los investigados son los fiscales y los jueces, un papel que no les gusta nada.

En las grabaciones divulgadas los fiscales, con la colaboración del juez Moro, hablan abiertamente de su objetivo, que es claramente político: impedir que el Partido de los Trabajadores de Lula gane las elecciones. La famosa “independecia” de los jueces queda al desnudo.

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