Uribe y Escobar : los negocios “legítimos” de la narco-politica

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Nuevos documentos desclasificados relacionan al expresidente Álvaro Uribe con el narcotráfico colombiano.

En el año 1993, un senador colombiano informó a la Embajada de EEUU que los fundadores del cartel de Medellín habían financiado la campaña electoral del entonces senador Álvaro Uribe Vélez, según revelan los documentos desclasificados y publicados hoy por el National Security Archive de la Universidad George Washington.

Los cables publicados describen casi una década de interacciones de la Embajada de EEUU con Álvaro Uribe y muestran que los diplomáticos estadounidenses tenían preocupaciones persistentes sobre los vínculos de Uribe con el narcotráfico, incluso cuando los funcionarios de la embajada desarrollaron una relación de trabajo con este mismo político, por entonces en ascenso.

En una reunión con un funcionario de la Embajada de los EE. UU., en febrero de 1993, el senador Luis Guillermo Vélez Trujillo, aliado político de Uribe, dijo que la familia Ochoa Vásquez había financiado la campaña política de Uribe y agregó que éste era primo de los Ochoa Vásquez, fundadores del conocido grupo de narcotraficantes.

Vélez Trujillo dijo a la Embajada que los lazos familiares y financieros de Uribe con los Ochoas explicaban por qué Uribe y otros dos se habían reunido en secreto con la esposa del fugitivo líder del Cartel de Medellín Pablo Escobar en diciembre de 1992 en un esfuerzo infructuoso por negociar su rendición a las autoridades colombianas. Agregó que Escobar, a través de Ochoas, le exigió luego a Uribe que devolviese los favores recibidos abriendo un canal de comunicación con el presidente colombiano César Gaviria, según un cable de la Embajada de EEUU que describe el encuentro con Vélez Trujillo.

En ese momento, tanto Vélez Trujillo como Uribe eran senadores del Partido Liberal del departamento de Antioquia. Vélez fue, más tarde, miembro fundador del partido político pro Uribe, el Partido de la U.

Otro contacto de la Embajada citado en el cable, el ex senador del Partido Liberal Alejandro González, “reiteró las acusaciones de [Luis Guillermo] Vélez de que Uribe teme por su vida porque no pudo cumplir con sus mentores del cartel de Medellín”, según el cable.

Como presidente, Uribe forjó fuertes lazos con los EEUU, se aseguró miles de millones en asistencia en seguridad, extraditó un número récord de sospechosos de tráfico de drogas y, a través de una campaña militar agresiva, redujo en más de la mitad el número de insurgentes guerrilleros armados en el país. En 2014, Uribe fue nuevamente electo al Senado de Colombia, esta vez representando al Partido del Centro Democrático.

Durante la presidencia de Uribe, hubo un aumento masivo en las ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército colombiano (como en el escándalo de los “falsos positivos”). Los miembros de su gobierno, a través de la agencia de inteligencia del DAS, vigilaron e intimidaron ilegalmente a una larga lista de opositores políticos, incluidos periodistas, jueces y activistas de derechos humanos. Actualmente, el primo de Uribe, Mario Uribe Escobar, está cumpliendo una condena por su participación en grupos paramilitares, mientras que su hermano, Santiago Uribe Vélez, está siendo juzgado por liderar un escuadrón de la muerte conocido como Los 12 Apóstoles.

Recientemente se reveló que la Suprema Corte colombiana está investigando al propio Álvaro Uribe por asesinato e intimidación de testigos relacionados con una investigación de crímenes cometidos por miembros del Bloque Metro, un grupo ilegal de milicias paramilitares supuestamente formado por Uribe y miembros de su familia.

En 2004, el National Security Archive de la Universidad George Washington reveló un informe de inteligencia militar de EEUU de 1991 que incluye a Uribe entre las principales figuras del narcotráfico en Colombia, junto con Pablo Escobar, el jefe narcoparamilitar Fidel Castaño y más de 100 figuras del crimen organizado. Uribe era un “amigo personal cercano de Pablo Escobar”, según el informe de la Oficina del Agregado de Defensa de EEUU (DAO) en Colombia, y estaba “dedicado a la colaboración con el Cartel de Medellín a altos niveles gubernamentales”.

El gobierno colombiano negó varias acusaciones específicas en el informe de inteligencia de 1991, pero no intentó refutar las aseveraciones más importantes que se revelaron en el documento: que Uribe tenía una relación personal cercana con Pablo Escobar y negocios con el Cartel de Medellín.

Hasta ahora, ha habido poca documentación adicional disponible sobre cómo se evaluó EEUU las supuestas relaciones de Uribe con los narcotraficantes durante los años anteriores y desde ese informe. En una entrevista de 2009 con El Nuevo Herald, el ex embajador de los EEUU en Colombia, Myles Frechette (1994-1997), había dicho que le había preguntado a Uribe sobre algunos de estos rumores, pero que no había quedao satisfecho con su explicación.

En marzo de 1995, un cable de la Embajada de EEUU firmado por Frechette, resumió la gama de denuncias que vinculan a Uribe, entonces el recién instalado gobernador de Antioquia, con el tráfico de drogas. La parte del cable que describe las acusaciones fue redactada de una versión publicada anteriormente del cable.

Frechette escribió que Uribe, “como muchos políticos prominentes colombianos”, era “sospechoso de haber tenido una participación periférica con la industria del narcotráfico en Colombia”. Según el informe de la embajada de EEUU, en 1992, en una reunión de su partido, Uribe intentó nombrar candidato para alcalde de Medellín a un miembro de una conocida familia de narcotraficantes. Como no tuvo éxito, propuso al tío de Pablo Escobar Gaviria, también sin éxito. Según otro informe de la Embajada, en 1993 Uribe y otros dos se reunieron con la esposa del narcotraficante Pablo Escobar para tratar de negociar su rendición, una reunión facilitada por el supuesto contacto de Uribe con la familia.

Un cable de 1988 firmado por el subjefe de la misión estadounidense (DCM) J. Phillip McLean afirma que la “información incompleta disponible” sobre los rumores de que el entonces senador Uribe tenía vínculos con narcóticos fue “compensada” durante una larga entrevista en la que Uribe presentó documentación y explicaciones sobre sus presuntos contactos con los narcotraficantes “.

En enero de 1992, pocos meses después del informe DIA de septiembre de 1991, la Embajada de EEUU cuestionó la inclusión de Uribe en una lista similar de “posibles narcopols” en Colombia, considerando que si la única transgresión de Uribe es pertenecer a una familia que ha hecho negocios legítimos con narcos, su inclusión en esta lista no debería darse por segura.

Otros registros citados en una “versión actualizada” del mismo informe dice que la familia de Uribe tenía “extensas posesiones de tierras y negocios en Antioquia” y que hicieron “negocios legítimos, como la ganadería, con conocidos traficantes de Antioquia”. En junio de 1992, David L. Hobbs, de la embajada de EEUU, escribió que “con cada reunión nos inclinamos menos a creer en las narraciones de Uribe.

Aproximadamente seis meses después, luego que informes de que Uribe y otras dos personas se habían reunido secretamente con la esposa de Escobar, otro cable de la Embajada registra una conversación con Uribe, quien “llamó al [Oficial Político] en la Embajada el 26 de enero para explicar su versión de los hechos y aclarar su papel “en el episodio, que también se informó en el momento.

Uribe dijo a funcionarios de la embajada de EEUU que él y otros dos se habían reunido con la esposa de Escobar, María Victoria Henao Vallejo, para transmitir el mensaje de que, en palabras de la Embajada, “estaría más que dispuesto a actuar como garante de la seguridad de Escobar” si ese fuese el único obstáculo para su rendición a las autoridades colombianas. Escobar escapó de su arresto domiciliario en julio de 1992 y pasó los siguientes 16 meses prófugo de las autoridades colombianas y estadounidenses antes de ser asesinado en una operación policial en diciembre de 1993.

Según Uribe, la reunión fue organizada por Iván Velásquez Gómez, quien era entonces el inspector general del departamento de Antioquia y actualmente es el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Según Uribe, Velásquez había dicho que podía arreglar una reunión con la madre de Escobar, Hermilda de los Dolores Gaviria Berrío, pero en su lugar organizó una reunión con Henao.

“Uribe dijo que no se dio cuenta de que estaban tratando con la esposa de Escobar hasta después de varios minutos de conversación. Dijo que le había informado a la señora Escobar que no tenía autoridad para negociar. Expresó su profunda preocupación por la violencia y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para garantizar que Escobar se rindiera pacíficamente.”

Uribe “estaba visiblemente agitado” durante su reunión con el funcionario de la embajada de EEUU, y “constantemente paseaba por la pequeña oficina”, según el sumario. Uribe “dijo que quería que la Embajada tuviera conocimiento de su papel exacto en el asunto y entendiera que todo era transparente.” Uribe negó enfáticamente los rumores de que el propio Escobar estaba en la reunión y dijo que rechaza absolutamente cualquier pensamiento de diálogo o concesiones a Escobar”.

El delegado político de la Embajada dijo que el Senador Vélez Trujillo le había dicho que “él cree que fue Uribe quien inició el contacto con la madre de Escobar”, y le recordó “que Uribe es primo de la familia de narcotraficantes Vásquez de Ochoas [sic] …la que ha financiado su campaña política”. Vélez Trujillo dijo que “Escobar, a través de los Ochoas, está ahora exigiendo a Uribe que devuelva los favores tratando de abrir un canal de comunicación con [el presidente colombiano César] Gaviria”.

Alejandro González, el ex senador liberal de Antioquia, le dijo a la Embajada que Uribe temía “por su vida porque no pudo retribuir a sus mentores del cartel de Medellín”. González fue asesinado el año siguiente.

Los funcionarios de la Embajada de los EE. UU. Estaban “convencidos de que la reunión no fue ordenada por la administración Gaviria y que nada salió de ella”, según el cable de febrero de 1993. Uribe y los otros dos “actuaban de acuerdo con lo que consideraban su propio interés individual”, dice el informe, y “la participación de Uribe bien podría tener algo que ver con su relación con los Ochoas” mientras la Embajada negaba tener información reciente sobre el vínculo con los narcotraficantes.

Algunas de las acusaciones que vinculan a Uribe con el tráfico de drogas provienen de sus lazos políticos con Ernesto Samper Pizano, cuya administración presidencial (1994-1998) fue obstaculizada por la evidencia de que su campaña recibió contribuciones del Cártel de Cali, y de César Villegas Arciniegas, un amigo cercano y confidente de Samper que fue condenado en 1998 por su papel en el escándalo y asesinado más tarde en 2002.

En marzo de 1993, uno de los cables de Busby a Washington dijo que la Embajada creía que había “sustancia en los rumores” de que Samper, Villegas Arciniegas y Uribe, a quienes calificó como “un partidario clave de Samper”, tenían vínculos con el narcotráfico.

Los rumores se debieron en parte a la evidencia de que Villegas Arciniegas, como director de planificación de la Administración de Aviación Civil de Colombia a principios de la década de 1980, había otorgado licencias de operación a narcotraficantes conocidos. Uribe, que era entonces director de la organización, lo nombró para el puesto.

Frechette, quien reemplazó a Busby como embajador de EEUU, le dijo a El Nuevo Herald en 2009 que nunca estuvo satisfecho con la explicación de Uribe sobre por qué nombró a Villegas Arciniegas para el cargo. “¿Cómo viniste a contratar a Villegas?”, le preguntó a Uribe. “¿Sabes que Villegas sin duda dio esas licencias a los narcos?”

Un cable de la Embajada de julio de 1993 decía que Uribe era “el único político de Medellín que se declaró incondicional de Samper” por lo que “será el hombre de Samper en Medellín, un distrito clave para cualquiera que quiera ser presidente de Colombia”. Pero Uribe había “demostrado” ser un enigma para la Embajada “, según el cable, y el alcance de sus conexiones reales con los narcotraficantes seguía sin estar claro.

Según la Embajada de EEUU de la época, la donación de dinero por parte del narco a los políticos era “una práctica casi universal en la política colombiana”.

DOCUMENTO: National Security Archive de la Universidad George Washington, 26 de mayo de 2018. Electronic Briefing Book No. 631

Traducción y edición de Jorge Majfud

Fuente

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